"Un 20 por ciento" de los ayuntamientos sevillanos recibe la carta de Hacienda por las empresas municipales

Un "20 por ciento" de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, según el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha recibido la carta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está remitiendo a los consistorios, en torno a las posibles causas de disolución de las sociedades municipales deficitarias, según la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local.

En rueda de prensa, Fernando Rodríguez Villalobos ha explicado que ese ha sido el resultado del sondeo promovido entre los ayuntamientos por la Diputación de Sevilla, a través de su sociedad instrumental Prodetur, para comprobar cuáles de ellos han recibido la mencionada carta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dado que la provincia está formada por 104 municipios al margen de la capital, serían entonces aproximadamente una veintena los ayuntamientos que han recibido la citada carta. En las cartas enviadas por el Ministerio a los ayuntamientos de la provincia, según Rodríguez Villalobos, "hay muchos errores", pues algunas de ellas corresponderían a empresas municipales "que están perfectamente".

"CAUSA DE DISOLUCIÓN"

De cualquier modo, Fernando Rodríguez Villalobos, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ha reiterado su rechazo a las mencionadas cartas. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicado al Consistorio hispalense que ha detectado una posible "causa de disolución" en la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), conforme a sus resultados de 2012.

En el escrito, según el Ayuntamiento hispalense, se reclama una respuesta en un periodo de 15 días, para que remita información al respecto, avisando de "posibles responsabilidades" y de la posible aplicación de un proceso de "disolución automática" en Lipasam. El Consistorio, de su lado, defiende que Lipasam cerró 2012 con resultado positivo y niega que incurra en cualquier tipo de causa de disolución tipificada en la Ley de reforma local.

Y mientras el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, defendía que tales cartas son "requerimientos informativos" ante los cuales los ayuntamientos pueden alegar, Fernando Rodríguez Villalobos exponía recientemente que "ya que el delegado no les da tanta importancia" a las cartas, lo más adecuado es "paralizar, dejar sobre la mesa" este procedimiento. Villalobos lamentaba además que el Ministerio haya "aprovechado el mes de agosto" para emprender esta iniciativa y señalaba la reacción de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del resto de federaciones regionales.

"Los municipalistas estamos preocupados", decía avisando de la "luz roja" surgida a cuenta de estas cartas. "Si el Gobierno central pretende cerrar estas empresas públicas, ¿Qué pretende que hagamos con los servicios que prestan?", ha preguntado una vez más, retóricamente, el presidente de la Diputación, en referencia a los servicios públicos de "agua, recogida de residuos, servicios sociales o transporte". Y es que según razona, es "materialmente imposible" zanjar "con superávit" financiero la prestación de determinados servicios públicos y "básicos" para la ciudadanía.