LA IGLESIA CREA UNA MESA DE DIÁLOGO PARA DEFENDER QUE LA RELIGIÓN ENTRE EN EL PACTO EDUCATIVO

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, anunció este jueves que el próximo 2 de marzo se reunirá por primera vez la mesa eclesial para el diálogo educativo. Esta herramienta está impulsada por los obispos para que el Pacto Educativo aborde "el hecho religioso".
Así lo dijo durante la rueda de prensa balance a la reunión de la Comisión Permanente que los obispos españoles han tenido esta semana, en la que, entre otros asuntos, se ha analizado el informe sobre ‘La situación de la enseñanza de Religión en España en el proceso del Pacto Educativo’, elaborado por la Comisión Episcopal de Enseñanza que preside el obispo César Franco.
Gil Tamayo recordó al Gobierno que “la Iglesia quiere hacer un aporte desde la unidad, que no significa la uniformidad”, porque tiene un peso “innegable” en el sistema educativo, refiriéndose a los más de 2.600 centros católicos (2.500 de ellos concertados y el “ahorro” que supone al Estado), con 123.000 trabajadores, 100.000 de ellos profesores, y 1,5 millones de alumnos.
La mesa eclesial, bajo el mando del actual presidente de la CEE, que podría ser relevado en el cargo en la próxima Asamblea Plenaria de mediados de marzo, también incluye a representantes de la comisión de enseñanza del Episcopado, organizaciones de docentes católicos, universidades, asociaciones de padres y el Foro de la Familia.
En el primer encuentro, según dijo, “se hará un repaso al perfil básico de la educación católica”, lo que se planteará “con un espíritu constructivo y de diálogo” para poder defender “con un denominador común” la educación católica “desde la libertad”.
Gil Tamayo recordó que la reivindicación de los obispos está “arropada” por el marco jurídico constitucional, los derechos humanos, el derecho europeo y la juridisprudencia, “que conforma un cuerpo suficiente jurídico”.
No obstante, dijo que no quieren “que sea única y exclusivamente el camino judicial" lo que se les deje "para poder vivir con normalidad” el hecho religioso en el ámbito educativo, pero que tampoco aceptarán que la religión quede aparte del pacto, pues “son derechos de la Iglesia, pero sobre todo de los padres” a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
“No hemos de ir a un pacto que hemos deseado todos con miedo, sino con un objetivo común, una mejor educación en nuestro país”, agregó, con el objetivo de “formar personas completas” en las que también se ofrezca “la dimensión trascendente” que cuenta “con una tradición en nuestro país y en la cultura occidental”.
Asimismo reclamó que el Estado legisle sobre la formación a profesores de religión para aunar criterios en todo el país a través de un máster, situación que, según recalcó, coloca a “una situación de inseguridad” a estos docentes y hace que la asignatura “esté a merced” de alternancias políticas, o de las preferencias de los directores de centros o de los responsables educativos de las consejerías.
VIENTRES DE ALQUILER
El portavoz de los obispos españoles también se refirió a otros asuntos, como la denominada maternidad subrogada, ante lo que pidió “dejar de usar eufemismos” y referirse a ella como vientres de alquiler, al igual que el aborto “no es interrupción del embarazo”, comparó.
Gil Tamayo dijo que el vientre de alquiler es “instrumentalización de la mujer y del niño como un bien de consumo” y “que los niños y las mujeres no tienen precio, tienen dignidad”. “Sólo las cosas tienen precio y un hijo no es un derecho, ni es un deseo, es un don”, sentenció.
En este contexto recordó que la Iglesia “anima a vivir el deseo de la fecundidad de otros modos”, citando la opción de la adopción y la acogida, pero con más flexibilidad en las legislaciones y que éstas, a la vez, sean “garantistas de los derechos de niño” para que "los matrimonios que quieren desarrollar una paternidad" encuentren cauces "garantizados" y "suficientemente rápidos" para que pueda ser posible.