CIENTOS DE ONG Y PROFESORES SE MOVILIZAN POR LA EDUCACIÓN UNIVERSAL EN 2030

Más de 300 entidades, entre sindicatos, ONG, escuelas y movimientos sociales, desarrollarán esta semana la Campaña Mundial por la Educación (CME) ‘Piden la palabra’, que se celebrará en 124 países desde mañana, lunes, hasta el sábado 29 para exigir a los gobiernos que rindan cuentas, sean transparentes y creen espacios de participación ciudadana para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 en el ámbito educativo.
Bajo el lema ‘Pido la palabra por la educación’, los promotores de la campaña pretenden resaltar la importancia de la participación activa de la ciudadanía, en especial de las comunidades educativas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad universal en 2030.
En España habrá actividades de calle y actos reivindicativos en 16 comunidades autónomas, en las que se prevé la participación de más de 10.000 personas.
Los promotores de la iniciativa señalan que 2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030, pues los Estados deberán definir qué indicadores servirán para medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el referido a la educación.
Según la CME, resulta “fundamental” que los gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía en relación al compromiso adquirido en el ODS4 y que sean transparentes en los procesos políticos necesarios para cumplirlo.
Por ello, sus peticiones se dirigen a las administraciones públicas y representantes políticos a todos los niveles –estatal, autonómico y local–, y reclaman la elaboración de una hoja de ruta “clara y creíble” para la implantación de la agenda, garantizar una inversión suficiente y asegurar la rendición de cuentas y la transparencia de dicha gestión.
Desde la CME recuerdan que en la actualidad hay 263 millones de niños y adolescentes sin acceso a la educación debido a distintas causas, como vivir en contextos de crisis o en zonas rurales remotas, la falta de recursos e infraestructuras adecuadas, la escasez de personal docente cualificado y la discriminación por motivos de raza, género o discapacidad. A esta cifra hay que añadir 758 millones de personas adultas analfabetas (dos tercios de ellas mujeres), que también necesitan instrucción básica.