CSI·F y ANPE valoran la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo e insisten en que es "discriminatorio"

Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) señala que la decisión del TSJ "demuestra las dudas legales que suscita". Esta entidad subraya, en un comunicado, que "fue la primera en recurrir esa medida del Consell, al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y ofrece un trato discriminatorio a los centros que escojan al nivel básico, cuyos alumnos no tendrán acreditación en inglés".

CSI·F considera que el auto del TSJCV que concede esta suspensión cautelar solicitada por la Diputación de Alicante "pone en cuestión un decreto que resulta contrario al principio de igualdad, ya que establece el factor lingüístico como un elemento discriminatorio". Añade que ese auto refuerza los argumentos y la impugnación inicial que realizó el sindicato.

El sindicato recuerda que impugnó el 14 de febrero el decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell. El TSJ lo admitió a trámite el 15 de marzo. Posteriormente, la administración presentó una causa de inadmisibilidad del recurso "intentando quitar legitimidad a CSI·F". "No obstante, la sala de lo contencioso-administrativo, sección cuarta, dictaminó que el sindicato recurrente sí está legitimado, pues tiene interés legítimo y mandó la continuación de la tramitación del recurso, que está pendiente de resolución judicial".

Por su parte, ANPE ha señalado que "parece evidente la imposibilidad" de que el decreto "se aplique el curso que viene, ya que el tribunal ha acordado la medida cautelar de suspensión del Decreto hasta que recaiga sentencia".

ANPE, que también tiene interpuesto un recurso y que ha sido admitido a trámite ante este mismo tribunal contra determinados artículos del decreto, valora positivamente esta medida al considerar que la norma "vulnera gravemente el derecho a la educación y a la igualdad estableciendo agravios comparativos en función de la modalidad escogida por el centro". "Agravio --insiste-- que, por otra parte, carece de todo fundamento pedagógico".

En la misma línea, argumenta que "vulnera gravemente las condiciones laborales de los docentes, ya que no prevé un itinerario formativo en horario lectivo que permita obtener la formación necesaria para llevar a cabo las modalidades planteadas; vulnera los puestos de trabajo de los docentes creando una inseguridad jurídica en las plantillas y la libertad de cátedra de los docentes, obligándoles a utilizar en concreto el castellano, el valenciano o el inglés en una materia obviando el criterio pedagógico del docente".

ANPE cree igualmente que es contrario a las funciones del claustro de profesores, pues requiere de la modificación del Proyecto Educativo de Centro y del Plan de Normalización Lingüística, sin que el criterio profesional de los docentes, tenga el suficiente peso en la elección del modelo lingüístico. Por último, afirma que el decreto "vulnera la autonomía de los centros".