Al menos 32 personas fueron detenidas hoy en trece provincias de España, en una operación de la Guardia Civil contra una red que, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos de forma fraudulenta.
Según fuentes de la investigación, entre los detenidos, 22 de ellos en Andalucía (sur) figuran cargos políticos de bajo nivel de distintos partidos, además de funcionarios y técnicos de la administración, tanto central, como regional y local.
Además de en Andalucía, se han producido también detenciones en las regiones de Extremadura (oeste), Canarias (Atlántico), Aragón (norte) y Valencia (este), además de Madrid y Barcelona.
La operación, dirigida por la jueza Mercedes Alaya, se extiende por toda España y es continuación de un caso anterior que se originó en Sevilla y que dirige la misma magistrada, relacionado con empresarios que obtenían contratos de empresas municipales de esta ciudad.
Según fuentes judiciales, todos los implicados están relacionados con las infraestructuras de carreteras y ferroviarias, que habrían aceptado facturaciones de las obras por encima de lo permitido y también habrían asesorado a las empresas sobre cómo presentar las ofertas para quedarse con las obras licitadas.
La operación contra esta nueva trama de corrupción se produce dos semanas después de otra en la que se vieron implicados casi medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios también en varias provincias de España, con epicentro en Madrid.
Esta es la tercera fase de la operación Madeja, llamada "ENREDADERA". La Guardia Civil comenzó los registros desde primeras horas de la mañana en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.
Esta fase de explotación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de MERCASEVILLA SA, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad FITONOVO, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa FITONOVO.
Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa FITONOVO había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.La primera fase de la operación Madeja empezó el 9 de julio de 2013
El 9 de julio de 2013 tuvo lugar la primera intervención policial que apuntaba a una trama de pago de sobornos por parte de una empresa a cambio de adjudicaciones municipales. El escándalo, que en un primer momento alcanzó de lleno a cargos públicos del PSOE, a funcionarios y a empresarios, ha acabado afectando también a responsables del PP y a IU.
Domingo Enrique Castaño fue el protagonista de la primera fase de la operación. Ex responsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista estuvo vinculado al 'caso Unidad', a la facturas falsas del distrito Macarena, además estaba imputado por el caso de Mercasevilla. Fue detenido por haber recibido, presuntamente, sobornos por parte de una empresa que lograba adjudicaciones del Ayuntamiento cuando él ocupaba cargos de responsabilidad. Su mujer, Ana María Vaquerotambién llegó a estar detenida en esta primera fase.
En esta parte de la operación también se detuvo al administrador de la empresa Fitonovo Rafale González Paloma y Ángel Manuel Macedo, exadministrador de la firma Fiverde.
Esta operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento "sospechoso" de Castaño.
A raíz de esta investigación, los agentes habrían llegado a la conclusión de que Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas, incluido un coche marca Audi, a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas referidas.
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