La Casa del Rey expresa su "respeto a las decisiones judiciales" tras la imputación de la infanta

    • Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina.
    • Castro imputó por primera vez a doña Cristina al apreciar hasta catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por su marido, Iñaki Urdangarin.
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La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto a las decisiones judiciales", tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de citar a declarar a la infanta Cristina como imputada para el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado número 3 de Palma ha comunicado hoy la imputación de la hija menor del Rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.

Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.

Castro imputó por primera vez a doña Cristina al apreciar hasta catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por su marido, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de éste, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos, entidad que es investigada por el desvío de fondos públicos por más de 6 millones de euros.

El juez señaló"un supuesto de cooperación necesaria" o "complicidad"por parte de la infanta en los delitos que se atribuyen a Urdangarin y Torres, que son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

La Audiencia de Palma rechazó la imputación pero consideró inconclusas las indagaciones sobre un presunto delito fiscal o de blanqueo de dinero por parte de la infanta.

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