"Nóos", "Campeón", "Pretoria", "Gürtel"... son palabras que nos hemos acostumbrado a escuchar precedidas de la palabra "caso". Las primeras investigaciones de la trama de corrupción urbanística conocida como caso Malaya se remontan a 2005 y las sentencias llegaron más de una década después. El Gürtel comenzó en 2009, y ya ha desembocado hacia el caso Bárcenas. ¿Cuándo se conocerá la sentencia? Nadie lo sabe.
El caso Palma Arena, iniciado en 2007, derivó hacia la investigación del entramado Nóos organizado por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. El de Mercasevilla desembocó en los Eres falsos... ¿Y qué decir del caso Fabra? Sólo la instrucción de este proceso se ha extendido por más de ocho años, y aún no tiene fecha de apertura del juicio oral.
La pregunta millón: ¿por qué la justicia española tarda tanto tiempo en depurar estos procesos? Los expertos consultados ofrecen cinco razones1. Los casos más mediáticos suelen ser también los más complejos.
Un proceso de corrupción rara vez afecta a una sola persona. Por lo general, se implican varios ámbitos (empresas, funcionarios, instituciones, partidos políticos). No es raro que cada línea de investigación desemboque en nuevos casos tan complicados o más que el caso primigenio (por ejemplo, el caso Bárcenas es una ramificación del caso Gürtel; y el de los Eres Falsos comenzó en el caso Mercasevilla). Eso significa que se multiplican las pruebas documentales contables, los testimonios, declaraciones... o sea, el tiempo dedicados a gestionar todos ellos.2. Requieren de cooperación jurídica internacional, cuyos trámites son lentos
Los grandes casos de corrupción suelen estar aparejados muchas veces al blanqueo de dinero en el extranjero, generalmente en paraísos fiscales. La cooperación judicial con estos países no resulta sencilla, pues allí prevalece el secreto bancario, al contrario de lo que sucede en España. Los convenios de cooperación judicial varían de un lugar a otro. Una simple comisión rogatoria (petición oficial de un juez a una autoridad judicial extranjera) puede demorarse meses e incluso años, según los países afectados. Bien es verdad, señala un juez, que la Euroorden ha supuesto un avance. Pero no es menos cierto que hay casos que pueden quedarse estancados al no demostrarse con pruebas precisas que ha existido un delito fiscal, algo fundamental en los delitos de corrupción.3. Falta de apoyos para el trabajo judicial
Los jueces se quejan por no disponer a su mando de personal cualificado para investigar este tipo de delitos, como peritos contables o inspectores de Hacienda adscritos directamente a los juzgados. De igual modo, reclaman una policía judicial que dependa orgánicamente de ellos y no esté sujeta al poder político, para garantizar la independencia de la investigación.
Muchas voces desde sectores judiciales desean que la Audiencia Nacional centralice todos los casos de corrupción política, sobre todo ahora que los delitos de terrorismo están disminuyendo.4. ¿Tenemos un sistema procesal muy garantista?
Según la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el sistema procesal penal español, que se encarga de organizar las atribuciones de los tribunales y de las personas que intervienen en los procesos, facilita excesivamente las demoras. Se puede recurrir prácticamente de todo: providencias (decisiones judiciales sobre cuestiones de trámite), citación para declarar, etc. Los jueces han pedido repetidas veces que el poder Legislativo haga las reformas pertinentes que permitan agilizar los procesos, pero los políticos no se ponen de acuerdo.
Sin embargo, la asociación Jueces para la Democracia, no lo ve de este modo, y pone como ejemplo el juicio del 11M. A pesar de ser un caso complejo, tardó solo tres años en investigarse y dictase sentencia. Según esta asociación, este ejemplo demuestra que cuando el poder político pone a disposición del juez todos los elementos necesarios, los casos más complejos pueden resolverse en tiempos razonables.5. Escasez de jueces
En España abundan los casos de corrupción pero escasean los jueces. Tenemos diez jueces por cien mil habitantes, cuando la media europea dobla esa cifra. Además, somos el país de Europa con mayor número de litigios por habitante. Según un informe publicado el pasado miércoles por la Comisión Europea, la Justicia española tarda de media unos 289,1 días para resolver litigios civiles y comerciales, unos cinco días más que la media de la UE.También encabezamos las listas de población reclusa.
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