Cada nuevo trabajador costó 10.038 euros en políticas públicas de empleo

  • Durante 2016 se invirtieron 5.265 millones de euros en políticas de fomento de empleo y se redujo el desempleo en 524.500 personas, es decir, cada persona que salió del paro costó al Estado 10.038 euros.

    Andalucía, la comunidad con más paro, es la única que ha visto reducida su asignación en los PGE, un 3,08% menos que el año pasado.

Cada nuevo trabajador costó 10.038 euros en políticas públicas de empleo
Cada nuevo trabajador costó 10.038 euros en políticas públicas de empleo

Las cifras hablan por sí solas. España gastará en 2017 un total de 5.500 millones en políticas para combatir el paro, un 5,5% más que el año anterior. Dentro de esta cuantía, 1.868 millones corresponden a la bonificación en la contratación de trabajadores desempleados. La partida más importante, sin embargo, corresponde a actuaciones de carácter formativo, con 2.154 millones. A esta cifra hay que añadir 130 millones de euros para la recualificación profesional de las personas a las que se le ha agotado la prestación de desempleo (plan Prepara). Unas cifras que sirvieron para reducir el paro en 524.500 personas. Ante esas cifras, ¿funcionan realmente estas políticas?

Así, a principios de 2016, según la EPA, había 4.779.500 desempleados, un año más tarde la cifra se situaba en 4.255.000 parados, esto es, 524.500 personas menos sin trabajo. Durante 2016 se invirtieron 5.265 millones de euros en políticas de fomento de empleo. La operación es clara: cada persona que salió del paro costó al Estado 10.038 euros y cada desempleado recibió una media de inversión pública de menos de 500 euros.Solo dos parados de cada cien encuentran trabajo por el INEM

La inversión en políticas activas se distribuye en España principalmente en subvenciones a la contratación y en dinero para que las comunidades autónomas traten de invertir para aumentar la empleabilidad de sus desempleados. En ninguno de los dos casos ha habido un éxito significativo. Según un informe elaborado por José Ignacio García Pérez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, cuando una empresa contrata a un trabajador por la subvención es a costa de otro empleado, con lo que “el efecto neto es cero”. Asimismo, cuando se termina la política, “el empresario tiene incentivos para despedir a quien haya contratado por las ayudas, con lo que a largo plazo el efecto es nulo o negativo”. Además, según un estudio de Randstad, los servicios públicos de empleo tienen una intermediación del 2%. Es decir, solo dos desempleados de cada cien que encuentran trabajo es gracias al antiguo INEM.

Por otro lado, según un estudio de Fedea, hay cuatro grandes tipos: técnicas de búsqueda, que aumenta la probabilidad de encontrar trabajo un 1,7% y es la más efectiva; orientación profesional, con impacto apreciable sólo en el trimestre en que se recibe; tutoría individual, con la que ocurre lo mismo; e itinerario personalizado, enfocado principalmente a parados de larga duración y con apenas afectos.Andalucía, la que más baja y la que más paro tiene

El Estado ha acordado distribuir entre las comunidades autónomas casi 1.900 millones de euros para políticas activas de empleo. La partida incluye 129 millones para financiar la primera parte del programa de acción conjunto para la mejora en la atención a parados de larga duración en 2017.

Durante la última Conferencia Sectorial de Empleo, celebrada el pasado mes de abril, la ministra Báñez anunció que serán 1.893,3 millones de euros los que se distribuirán entre las comunidades autónomas, un 5% más que en 2016.

El presupuesto para políticas activas de empleo se ve incrementado en casi 93 millones de euros este año respecto al anterior y de esa cantidad 20,4 millones irán a financiar programas de formación profesional para el empleo y 72,1 millones a programas de fomento del empleo.

Sin embargo, resulta curioso que Andalucía, la comunidad con más paro, sea la única que ha visto reducida su asignación, un 3,08% menos que el año pasado. Por el contrario, Canarias, cuyo diputado es clave para desbloquear acuerdos en el Congreso, es la que más ha visto aumentada la cantidad que recibe: un 12,02% más que el año pasado.

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