Entre enero y febrero del año pasado tuvo lugar un curioso fenómeno. Cientos de expedientes de regulación de empleo (ERE) que estaban más o menos encauzados tras semanas de negociación quedaron repentinamente paralizados.
De pronto, los representantes empresariales dejaron de reunirse con los de los trabajadores y aplazaron sine die las decisiones de ajuste sobre sus plantillas.
Tenían sus motivos. Los rumores en relación a una aprobación inminente de la reforma laboral eran cada vez más insistentes y todo apuntaba a que el abaratamiento del despido y la flexibilización de los despidos colectivos serían dos de las líneas maestras del proyecto gubernamental. Convenía esperar.
La reforma laboral se aprobó finalmente el 10 de febrero y, con ella, se revocó el requisito de la autorización administrativa previa en los procesos de despido colectivo y se vinculó la validez de éstos a la concurrencia de una serie causas objetivas de naturaleza económica o de organización de la producción, entre las que la que más se popularizó fue la de los famosos tres trimestres seguidos de resultados negativos.
La intención declarada por el Ejecutivo era convertir el ERE en un instrumento realmente útil y asegurar que si una empresa atraviesa problemas pueda ajustar su plantilla de manera rápida y no esperar meses y meses de procesos administrativos y judiciales.Un lío constante
Según el planteamiento del Gobierno, la supresión de la autorización administrativa previa permitiría agilizar los procesos y la objetivación de las causas legales para poder presentar un despido colectivo aclararía el panorama.
Algunas empresas, sin embargo, interpretaron la reforma como una barra libre para afrontar sus ajustes de plantilla sin los incómodos controles de antaño. En el primer mes de vigencia de la reforma las estadísticas del Ministerio de Empleo registraron un incremento del 125% en los ERE no pactados. De hecho, hubo tantos despidos colectivos sin acuerdo en marzo de 2012 como en el conjunto de los tres meses anteriores.
El fenómeno generó una cierta sensación de desamparo entre los representantes de los trabajadores, que los juzgados tardaron poco en atenuar. De los primeros trece expedientes de regulación de empleo que entraron en los tribunales, el 70% (nueve) fueron declarados nulos y apenas un tercio ajustados a derecho.
Unas semanas después eran los despachos laborales que representan a las empresas los que tenían una insuperable sensación de inseguridad jurídica. "Hacer un ERE ahora es más difícil que antes de la reforma laboral", se quejaban.
Un año largo después de la reforma laboral y de los cambios en la regulación del despido colectivo el lío no ha cesado.
Los principales despachos de Derecho Laboral del país se quejan de la inseguridad jurídica que genera la falta de precisión de la norma redactada por el Gobierno, pero también denuncian una cierta animadversión de los Juzgados de lo Social, que a día de hoy mantienen una tasa de rechazo del 73% sobre los despidos colectivos que llegan a sus tribunales.
Conocido y reconocido por su equilibrada visión del mundo laboral, tan radicalizado a veces entre la visión empresarial y la perspectiva sindical, el ex ministro de Trabajo y actual asesor del Área Laboral de Baker & McKenzie, Manuel Pimentel, atribuye los problemas a los ajustes típicos tras la entrada en vigor de una nueva norma. "Quizá hubo una sobreactuación por parte de las empresas que se lanzaron a hacer ERE poco motivados en los primeros momentos de la reforma y quizá ahora está habiendo una sobrerreacción sindical, al recurrir masivamente los despidos colectivos en la confianza de que los tribunales les ampararán".
Y alguna distorsión debe haber cuando un magistrado, Ricardo Bodas, el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, admite que algunas sentencias judiciales han ido más allá de lo que deberían en esta materia, como señaló en unas jornadas sobre Competitividad y Empleo organizadas por Adecco y la APD.
"No se puede plantear un despido colectivo porque se tenga un euro de pérdidas", subrayó en relación a los expedientes planteados por algunas empresas, "pero los jueces tampoco debemos adoptar decisiones que forman parte de las facultades de la empresa ni hacer una relectura judicial de la reforma laboral", matizó.
Las empresas se quejan de que algunas sentencias anulatorias se basan en consideraciones tan peregrinas como la cifra concreta de componentes de la comisión negociadora del ERE o haber excedido el periodo legal de 30 días previsto para la negociación, que está establecido precisamente para que se cumpla el deber de negociar no como límite máximo.
Según Manuel Pimentel, el resultado de todo esto es que "se ha extendido la leyenda urbana de que los jueces están en contra de la reforma laboral" en esta materia y ésto ha tenido una consecuencia bien concreta: se recurre todo. "Incluso cuando hay un ERE con acuerdo (por cierto, la mayoría), algún sindicato minoritario acaba recurriendo el expediente... y con posibilidades de éxito".
El número de casos que se han visto obligados a atender los juzgados de lo social se han incrementado un 50%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Vamos, que están desbordados.
La cosa se complica porque a la difusa normativa estatal se une la ausencia de una jurisprudencia firme por parte del Supremo, que todavía no ha podido resolver ningún caso sobre los aspectos más controvertidos de la norma.
Para el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia el problema es de tal magnitud que requiere una solución excepcional: "Tal vez el Tribunal Supremo debería adelantarse al trámite habitual y responder a los interrogantes generados por la ley sin esperar a que les llegara el turno de pronunciarse".
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