DISCAPACIDAD. CSIF RECLAMA AL GOBIERNO PROGRAMAS QUE EVITEN LA VIOLENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno programas de integración real de las personas con discapacidad para evitar cualquier tipo de violencia o abusos contra este colectivo, según informó la organización sindical con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El sindicato afirma en un manifiesto que “las personas con capacidades diferentes deben tener las mismas oportunidades para poder vivir en libertad y el derecho a ser protegidas ante la violencia”.
Por ello, llama la atención sobre “el maltrato que sufren las personas con discapacidad, un problema muchas veces silenciado, en el ámbito familiar, por parte de sus cuidadores o a nivel laboral, así como las situaciones de potencial violencia que pueden sufrir en su vida cotidiana”.
“Además, las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono, trato negligente, malos tratos o explotación", continúa. "Por eso reclamamos que los espacios laborales sean espacios protegidos, donde las personas con discapacidad se encuentren protegidas en igualdad que el resto, a condiciones de trabajo seguras y saludables”.
Por ello, en el marco de este día internacional, CSIF reclama al Gobierno y a todas las fuerzas parlamentarias que promuevan un plan estratégico de integración de las personas con discapacidad, que cuente con perspectiva de género.
Las personas con discapacidad suponen un 8% de la población total española o, lo que es lo mismo, unos 2,8 millones de personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Pese a las actuales normativas que obligan a la Administración a contratar a estas personas, añade, “lo cierto es que el porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla de la Administración General del Estado es del 2,7% y en el caso de la discapacidad intelectual solo del 0,20%”.
Además, destaca que "la propia Administración, que debería realizar una labor ejemplarizante, apenas incorpora cláusulas sociales en la contratación pública para favorecer el empleo de las personas con discapacidad".