En un desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía, Dastis ha indicado no obstante que la última palabra sobre el asunto la tendrá la Comisión Europea, que, a instancias de Portugal, deberá aclarar si los planes de España son conformes a la legislación europea o si ha de hacerse "alguna adaptación".
El Gobierno portugués presentó una queja formal a Bruselas porque las obras comenzarán sin que se haya hecho un estudio sobre su impacto ambiental transfronterizo. Los detractores del proyecto temen una posible contaminación de las aguas del río Tajo, a cuya orilla se encuentra la central, situada a unos 80 kilómetros de la frontera con Portugal.
En cualquier caso, Dastis ha manifestado la voluntad española de tratar este asunto "como buenos vecinos" y con el interés de mantener la excelente relación bilateral entre los dos países.
El jefe de la diplomacia ha indicado que el Gobierno español no cree que la construcción del almacén vaya a tener efectos medioambientales perjudiciales para Portugal no sólo por la distancia que hay hasta la frontera, sino también por cómo está diseñando y se va a hacer el proyecto.
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