En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha considerado que la regulación cinegética de aves silvestres en Castilla y León para la temporada 2016-2017, publicada por el Bocyl este jueves, es contraria al aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas y a la participación ciudadana y han exigido que se ajuste al estado de las poblaciones y a la variación interanual de su época de reproducción.
En concreto, han reprochado que haya hecho frío o calor, se haya cosechado antes o después y "sin ningún criterio biológico" la fecha de inicio de la veda se mantenga en el tradicional 15 de agosto.
Estas cuestiones han sido señaladas por Ecologistas en Acción en la última Comisión de Caza del Consejo Regional de medio ambiente de Castilla y León, del pasado 22 de junio. Comisión que podría ser declarada nula tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león (Tsjcyl).
Según han subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, en este espacio de "supuesta participación", el dialogo y la posibilidad de exponer y argumentar propuestas es muy complicado, por muy fundadas y razonables que hayan sido ya que la administración suele imponer su criterio pues la amplia mayoría de las personas participantes son representantes de la misma.
En este sentido, han evidenciado que esta norma que se promulga con una periodicidad anual ha obviado que "uno de sus principales objetivos" debería ser el ajustar las fechas y condiciones de caza al estado y fenología de las poblaciones cinegéticas de la temporada que está definida por la climatología y otros variables ambientales.
REIVINDICACIONES ECOLOGISTAS
Según han informado, desde hace años reivindican que la época de caza de las especies de aves, en especial de las migratorias y de acuerdo a la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, se ajuste al estado de las poblaciones y a la variación interanual de su época de reproducción.
Asimismo, han recordado que han tenido que llevar esta demanda a los tribunales y que está pendiente de resolución.
En este sentido, han indicado como referencia que en la temporada 2012-2013, "que fue el año más seco en tres siglos", el número máximo de piezas a cobrar por cazador y día se fijó para la codorniz en 35 y para la tórtola común en ocho y en el año 2016-2017 el cupo "para la codorniz fue de 30 y para la tórtola común de nuevo de ocho", tal y como queda registrado en las respectivas ordenes de vedas.
En cualquier caso, han denominado estos cupos como "ilusorios" y han anticipado que de conseguirse por una mínima parte de los cazadores "se llevaría a la extinción a las menguantes poblaciones de estas aves migratorias".
Según han resaltado, los cupos se han mantenido, en lo que han considerado una "contradicción entre norma y realidad" y han concluido que se ha posibilitado porque la administración y el sector cinegético "hacen prevalecer los intereses económicos en perjuicio del medioambiente, la sociedad y también los cazadores", que "como ellos mismos han reconocido" cada año cazan menos codornices y tórtolas.
NULIDAD DE ORDEN DE CAZA DEL CONSEJO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE DE CYL
Según los ecologistas, el funcionamiento de una Comisión del Consejo Regional de Medioambiente de CyL "ejemplariza las razones que han motivado que la Sentencia del TSJCYL en su Sentencia 599/2016 y por la cual se ha anulado el Decreto 2/2015 que creó y reguló el Consejo".
Como consecuencia este Decreto declaró al Consejo Regional sin valor jurídico y por lo tanto debería llevar la anulación de la actual Orden de caza ya que su texto en su texto está incluida la formula "De conformidad con lo previsto" relativa a composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Caza de Castilla y León y en el Decreto 2/2015, de 8 de enero, "por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León".
Por otra parte, han señalado que en la Comisión de Caza, la Junta de CyL expuso que su personal realizaba estudios y seguimiento de las poblaciones cinegéticas y lo han valorado como "algo positivo" que se une a las reivindicaciones de las organizaciones ecologistas "como elemento necesario para conseguir que la caza sea una actividad sostenible".
Por ello Ecologistas en Acción recurrió judicialmente el Decreto 32/2015 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León y cuyo antecedente, Decreto 65/2011, ya anuló el TSJCyL.
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