Así, el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, ha defendido que los planes de cuenca son "un marco estable con el que llevar a cabo de forma segura, organizada y sin conflictos el reparto del agua en España". Además, ha asegurado que con esta planificación, con alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos, hay que atender "todas" las demandas y que el reparto se hace "bajo criterios técnicos y no políticos, que es la única manera de garantizar el interés general sobre el localista".
El escrito se ha remitido después del informe elaborado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se vota mañana miércoles en Bruselas, en el que se advierte a los europarlamentarios de su "impacto" sobre el abastecimiento de agua potable, el regadío o el PIB o la creación de empleo.
El informe que se vota este miércoles en Bruselas solicita supervisar la aplicación de la legislación europea en relación a los caudales ecológicos en las cuencas del Ebro y el Tajo y a este respecto, los regantes españoles recuerdan que los caudales mínimos en los diferentes tramos de río se calcularon de acuerdo a estrictos criterios científicos y técnicos.
En concreto, aseguran que en el caso del Ebro, circula por su Delta una cantidad muy superior al mínimo garantizado (286 m3/segundo cuando el mínimo está fijado entre 80 y 150 m3/segundo), mientras que en el caso del Tajo, prácticamente se duplicó la reserva mínima estratégica actual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, pasando de 240 a 400 hectómetros cúbicos.
Al mismo tiempo, frente a la recomendación del citado informe de incluir en los planes los recursos procedentes de desaladoras para asegurar el suministro en cuencas deficitarias como la del Segura para no depender de trasvases, Fenacore señala que es un medida complementaria pero "en ningún caso es la solución definitiva para garantizar el abastecimiento" por su elevado precio.
Para los regantes estos costes convierten al agua desalada en "inasumible" para ellos, sobre todo tras la desaparición de las tarifas específicas, la factura de la luz se ha elevado en más de un 100% en los últimos ocho años.
En cuanto a la sugerencia del informe de tener un diálogo "constructivo" en la planificación hidrológica, subrayan que en todo el proceso es necesario cumplir con el principio de participación de los usuarios, que es un mandato de la Ley de Aguas, la Constitución Española y la Directiva Marco de Aguas. Así, recuerdan que hubo en la planficación española un "extenso y amplio proceso de planificación pública durante 18 meses" y que todos obtuvieron un apoyo superior al 80 por ciento en el Consejo Nacional del Agua.
En definitiva, Del Campo considera que "nunca llueve a gusto de todos y aunque los regantes hemos hecho muchas concesiones, apoyando por ejemplo unos caudales mínimos demasiado ambiciosos, que incluso comprometen nuestra garantía de agua para regar".
"Consideramos que estos planes representan un marco estable con el que llevar a cabo de forma segura, organizada y sin conflictos el reparto del agua en España, en el que con alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos hay que atender todas las demandas. Además, este reparto se hace bajo criterios técnicos y no políticos, que es la única manera de garantizar el interés general sobre el localista", ha concluido.
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