Los cuerpos estaban enterrados como N.N (sin nombre). Aparecieron inexplicablemente a 700 kilómetros de Soacha en una fosa común de Ocaña, al Norte de Santander (Colombia).
Soacha había visto al menos 16 jóvenes desaparecer en extrañas circunstancias entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Algunas familias dieron parte de que sus hijos habían partido para atender una oferta de trabajo en Santander. Otros, simplemente nunca volvieron a casa.
Todos ellos fueron después catalogados como "muertos en combate" por tropas inscritas a la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia. ¿Delincuentes, paramilitares, guerrilleros muertos en batalla?
Cuando las madres de Soacha se unieron para reclamar explicaciones por la desaparición de sus hijos, estalló el escándalo. Colombia se quitaba la venda para descubrir el fenómeno de "los falsos positivos": asesinatos de civiles a manos del Ejército para justificar las cifras del éxito contra la guerrilla, que luego se declaraban como guerrilleros o paramilitares "muertos en combate" o "positivos".
Un fenómeno que no ha sido suficientemente investigado ni condenado, según la FIDH y Naciones Unidas, pero cuya existencia ha sido demostrada por la Justíca en unas pocas sentencias como la condena de ocho militares por el asesinato de dos jóvenes en Cimitarra.
Ahora, la Federación Internacional de Derechos Humanos eleva ante la Corte Penal Internacional (CPI) un nuevo informe en su lucha para evitar que el "escándalo sin precedentes" quede enterrado bajo la impunidad.
Una guerra "medida en litros de sangre"
"Nos dijo mi coronel Ramírez, cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes, y la sección segunda me debe responder por tres muertos, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida".
Este y otros testimonios de soldados implicados recogidos en el informe de la FIDH dan la clave del origen de los "falsos positivos".
En el año 2002, el recién electo presidente Álvaro Uribe Vélez hizo de la lucha contra la guerrilla el eje principal de su Gobierno. Así, a partir de agosto de ese año el Gobierno tomó una serie de medidas amparadas bajo la Política de Seguridad Democrática que otorgaban facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares.
Todo ello contribuyó a asentar las bases del fenómeno de los "falsos positivos", según la FIDH: alta presión por generar resultados rápidos o tangibles y un sistema de incentivos y recompensas para aquellos pelotones que "sumaran más muertos (bajas en combate) al año"- permisos, condecoraciones, ascensos y traslados-.
Mismo modusoperandi , mismas víctimas, mismos verdugos
El primer paso era seleccionar a las víctimas: hombres jóvenes de zonas rurales en las que se encontraban las operaciones militares contra la guerrilla con familias de escasos recursos o desempleados. En otros casos simplemente se buscaba a indigentes o marginados a quienes nadie reclamaría. Normalmente, los militares recurrían a un vecino informante -previo pago-para realizar la selección.
Después, las víctimas eran detenidas arbitrariamente o atraídas con el señuelo de un empleo en la ciudad. Las trasladaban para evitar testigos oculares y después las ejecutaban, narra el informe. Una vez cometido el asesinato, los soldados manipulaban la escena del crimen para simular una baja legítima producida en combate: la disfrazaban de guerrillero, e incluso le entregaba antes munición para generar huellas digitales en el arma.
Muchas veces estas maniobras eran chapuzas: casos en los que la víctima llevaba dos botas del pie izquierdo, uniformes de tallas muy superiores, o portaba el arma en la derecha siendo zurdo, describe el informe. "Se tomaban fotografías y se apuntaba en el registro un "nuevo positivo": baja en combate", denuncia a lainformacion.com Jimena Reyes, responsable de la oficina de las Américas de la FIDH.
Más 3.000 víctimas, pero unas pocas "manzanas podridas"
La FIDH asegura que el informe que hoy presentan ante La haya demuestra que estas ejecuciones extrajudiciales constituyen crímenes de lesa humanidad, e insiste en destacar el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno durante los años 2002 y 2008. Más de 3.000 civiles han sido víctima de "falsos positivos", según la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Aun así, el actual Gobierno de Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de Defensa, y las autoridades militares investigan los hechos de manera aislada evitando otorgarle magnitud. Se escudan en que se trata de casos aislados o "manzanas podridas", denuncia la FIDH, que agrupa a 164 organizaciones de derechos humanos.
La Justicia, según el informe y otros actores como Amnistía Internacional, se ha limitado a castigar a unos pocos bajos y medios mandos. Ningún alto mando ha sido condenado por el fenómeno de los "falsos positivos".
"Los mismos patrones de actuación y ocultamiento de pruebas o la logística necesaria para llevar a cabo los crímenes: uniformes para disfrazar, recompensas para informantes, los ascensos, el transporte de cadáveres, asesinatos en 32 de los 33 Estados colombianos y en casi todas las brigadas etc, demuestran que no pudo ser una terrible ocurrencia aislada de bajos o medios mandos", denuncia Reyes de la FIDH.
Un fenómeno que no ha desaparecido
Otro de los argumentos del presidente Santos para restar magnitud al caso de los "falsos positivos" es que cuando él asumió la cartera de Defensa en 2006 se comenzó la carrera para erradicar "este terrible capítulo con medidas severas, transparentes y drásticas".
Sin embargo, aunque es cierto que el fenómeno se ha reducido drásticamente desde 2008- cuando salió a la luz el fenómeno de los jóvenes de Soacha relatado al principio- las organizaciones de Derechos Humanos denuncian que sigue ocurriendo.
Amnistía Internacional relata en su informe anual de 2012 que en la primera mitad de 2011 se tuvo noticia de al menos 17 ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad en las que se presentaba falsamente a las víctimas como "miembros de la guerrilla muertos en combate".
El mismo informe también denuncia que la mayoría de miles de ejecuciones cometidas durante el conflicto, incluidas las que investigaba la Fiscalía General de la Nación siguen sin resolverse.
"No señalamos directamente a Santos"- declara Reyes de de la FIDH- "porque no tenemos pruebas, pero sí exigimos que respondan los altos mandos militares. No obstante, las autoridades políticas también podrían ser responsables por omisión frente a dichos crímenes".
La FIDH y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) solicitan ahora al Fiscal General de la Haya que abra una diligencia para que los más altos responsables sean objeto de investigación y enjuiciamiento internacional, ya que no lo son en Colombia.
Acompañan el informe con una lista confidencial de los presuntos autores. Aquellos que, o bien por omisión o bien por conocimiento directo, permitieron el registro de cada nuevo "positivo".
"Uno más. Tú, apunta: "muerto en combate".
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