Impulsan justicia universal para crímenes económicos por violar derechos humanos

  • Las políticas económicas que causen estragos sociales deben ser juzgadas con un fuero universal como se hace con las violaciones de derechos humanos, propuso el exjuez español Baltasar Garzón al instalar un congreso en Buenos Aires, en el que también participa, vía teleconferencia, Julián Assange.

"Hemos logrado definir la justicia universal para crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ahora queremos avanzar para que se juzguen las agresiones económicas a pueblos enteros y a sus ecosistemas", dijo Garzón, al inaugurar el II Congreso de Jurisdicción Internacional en el siglo XXI.

Garzón es el magistrado que logró el arresto del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) en Londres, en 1998, por crímenes de lesa humanidad.

"Ni siquiera es considerado un ilícito que un pueblo esté en manos de especuladores financieros", dijo ante casi un millar de funcionarios y activistas, entre ellos los premios Nobel Héctor Sëjenovich y Rigoberta Menchú y la presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Estamos viviendo crisis humanitarias tremendas", dijo el exjuez de la Audiencia Nacional española. Assange hablará en su condición de refugiado en la embajada de Quito en Londres.

El fundador de WikiLeaks, nacido en Australia, teme ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a muerte por las revelaciones de WikiLeaks, miles de cables diplomáticos que revelaron secretos de las políticas de potencias de Occidente.

En el congreso, el brasileño Paulo Abrao, presidente del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, dijo que la crisis de migración que atraviesa Europa "puede representar un grave retroceso en las conquistas logradas en muchos años". "Es un grave conflicto que amenaza los derechos humanos", apuntó.

Garzón dijo a la AFP que "es evidente el fracaso de la política migratoria de Europa. Y la solución no debe ser militar nunca. La solución es atender al fondo del problema".

"¿Con qué derecho sufrimos esas corrientes migratorias de los que vienen de un conflicto que ha sido armado por Occidente, por la ineficacia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)", afirmó el exmagistrado, impulsor de un fuero universal en los casos de negación de justicia en un país por violaciones a los derechos humanos.

Italia, Grecia y últimamente Hungría están desbordados por la llegada masiva de migrantes. Llueven las solicitudes de asilo, en medio de caóticas escenas en fronteras, estaciones de transporte y centros de refugiados.

El mundo ha quedado impactado con las imágenes del cuerpo sin vida del niño sirio de tres años Aylan Kurdi en una playa turca. Otros casos desesperantes no lograron ser tan visibles pero ocurren a diario.

Este miércoles la Comisión Europea llamó a sus países este miércoles a repartirse unos 160.000 refugiados, frente una crisis derivada de un desastre humanitario en naciones como Siria, Afganistán e Irak.

Más de 380.000 migrantes y refugiados han llegado a Europa desde enero de 2015 y 2.850 murieron en la travesía, según las cifras de la ONU.

Otra crisis es la de los pobladores que sufren el conflicto migratorio entre Colombia y Venezuela. La solución podría ser su tratamiento en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, dijo Garzón a la AFP.

"O hay una solución por el diálogo o por la justicia internacional", afirmó el magistrado antes del Congreso organizado por la Fundación Jurisdicción Universal, fundada por él y con asistencia de casi un millar de dirigentes, activistas y funcionarios.

"No me parece adecuado que el caso vaya a la Corte Penal Internacional (CPI, casos criminales). Sí me parece que puede ir a la CIJ, a través de una opinión consultiva en Naciones Unidas. Es lo más rápido", apuntó Garzón, asesor del gobierno colombiano en temas jurídicos.

El exjuez dijo que "hay personas vulnerables, menores de edad o mayores, que se ven privadas de sus derechos de asistencia en su vida común. Es algo inaceptable".

Unos 20.000 colombianos están afectados por la crisis fronteriza con Venezuela, con casi 1.500 deportados y más de 18.000 que huyeron por temor a ser expulsados, según la ONU. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado las deportaciones.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha desplegado miles de efectivos militares y cerrado pasos fronterizos, con el argumento de combatir el contrabando en el que estarían implicados paramilitares colombianos que buscan desestabilizar su gobierno.

Ambos presidentes dijeron estar dispuestos al diálogo pero sólo hay mediaciones preliminares en la región.

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