Campesinos hondureños exigen esclarecer asesinato de defensores de D.Humanos

Tegucigalpa, 27 sep.- Organizaciones campesinas hondureñas condenaron hoy "enérgicamente" los asesinatos del fiscal de derechos humanos Manuel Eduardo Díaz y del abogado Antonio Trejo, y exigieron al Gobierno que "esclarezca pronto" sus muertes.

"Condenamos enérgicamente el asesinato del abogado Antonio Trejo Cabrera, así como el del fiscal Manuel Eduardo Díaz, en Choluteca", dijo, en rueda de prensa, el presidente de la empresa campesina La Confianza, Orlando Romero.

Trejo, quien era defensor de grupos de campesinos en el Caribe de Honduras, fue asesinado el pasado sábado por unos pistoleros en Tegucigalpa, mientras que Díaz, fiscal de Derechos Humanos, murió el lunes en un ataque similar en Choluteca, en el sur del país.

Romero señaló a los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de ser los "responsables" del asesinato de Trejo, así como de la muerte de 65 campesinos en el Bajo Aguán, ocurridos en los últimos tres años, según datos de organizaciones campesinas.

"Lamentamos que los tres poderes del Estado estén en total contubernio con las acciones de los terratenientes del Bajo Aguán", subrayó la fuente, quien pidió que se "aclaren" las muertes.

Los campesinos también acusan de estos crímenes al terrateniente Miguel Facusse, quien es dueño de miles de hectáreas de tierra, la mayoría de palma africana, en el departamento de Colón, Caribe de Honduras, donde se vive un ambiente tenso por los frecuentes enfrentamientos armados entre campesinos y guardias de seguridad.

El Gobierno que preside Porfirio Lobo ha tratado de ponerle fin al conflicto en el Aguán al comprar tierras a los terratenientes que luego ha entregado a los campesinos organizados, pero la violencia no cesa.

Romero, así como otros dirigentes campesinos, exigió a las autoridades hondureñas "dar con el paradero y castigar a los responsables materiales e intelectuales" de los asesinatos de los dos abogados defensores de derechos humanos y de los 65 labriegos.

Trejo, como abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), defendía los intereses de grupos de labriegos que exigen al Gobierno tierras en el Caribe del país.

El dirigente campesino Rafael Alegría instó a la Fiscalía de Derechos Humanos a que "investigue" la muerte de los dos abogados, aunque señaló que no tiene "muchas esperanzas de que lo haga".

"Todos los asesinatos de campesinos o personas vinculadas a los campesinos están en la más absoluta impunidad", subrayó Alegría, quien celebró que la comunidad internacional "este presionando" al Gobierno para que se esclarezcan estos crímenes.

Estados Unidos, que contribuirá a esclarecer el asesinato de Trejo, ha exigido al Ejecutivo de Lobo una "inmediata y transparente" investigación del caso.

El secretario del Muca, Jony Rivas, denunció que el pasado domingo guardias de seguridad privada "dispararon" contra seis campesinos, hiriendo a tres, en las cercanías de la finca Los Laureles.

Además, pidió a organismos internacionales de derechos humanos que "visiten" el país, en especial el Bajo Aguán, para que "constaten la violación a los derechos humanos y a la vida".

Los campesinos también solicitaron la derogación de un decreto, aprobado el pasado 1 de agosto por el Parlamento, que limita el porte de armas a personal militar, policial y de seguridad privada en Colón, por considerarlo "inconstitucional", porque la Constitución señala que "las leyes son de aplicación general".