Joaquim Alencar de Seixas, militante del Movimiento Revolucionario Tiradentes (MRT), fue asesinado el 17 de abril de 1971, un día después de ser arrestado.
Seixas y su hijo, menor de edad en la época, "fueron torturados en la sede del DOI-CODI", el temido órgano de inteligencia y represión, "uno frente al otro", indicó la fiscalía en un comunicado.
Fueron separados sólo cuando el niño fue llevado a su casa para buscar a su madre y hermanas, que también fueron detenidas.
"Al volver a la mañana siguiente encontró a su padre aún con vida, con la cabeza gacha y la sangre cayendo de su cabeza, hombro y pecho. Él continuaba sufriendo torturas y respondía que 'no iba a hablar'", destacó el comunicado.
El parte oficial de su muerte indicó que Seixas murió "por supuesta resistencia al arresto e intento de fuga", el 16 de abril, cuando estaba con vida. Los dos médicos forenses que redactaron la falsa causa de muerte también responderán ante la justicia.
Los tres exagentes --David Araújo, João Vettorato y Pedro Granciere-- fueron acusados de homicidio calificado con empleo de tortura, con pena prevista de 12 a 30 años.
"Los delitos denunciados fueron cometidos en un contexto de ataques sistemáticos y generalizado a la población en la dictadura militar brasileña, lo que los califica como crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles e impasibles de amnistía", indicaron los fiscales Andrey de Mendonça y Anderson dos Santos, que pidieron también que sus jubilaciones sean canceladas y que, en caso de condena, se les despoje de medallas y condecoraciones.
A diferencia de otros países del Cono Sur que también sufrieron dictaduras militares en los años 70 y 80, Brasil no ha condenado a exagentes debido a una ley de amnistía de 1979.
La justicia penal ya ha aceptado varias acusaciones de fiscales contra represores, pero éstas aún están en trámite o han sido rechazadas en otras instancias.
A finales de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía brasileña.
Brasil reconoce oficialmente unos 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en Argentina y más de 3.200 en Chile.
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