AMNISTÍA INTERNACIONAL URGE A REFORMAR LA ‘LEY MORDAZA’

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, urgió este jueves a reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, después de que el Congreso de los Diputados haya retomado el debate parlamentario sobre la modificación o derogación de esa norma al rechazar la enmienda a la totalidad de Bildu sobre las iniciativas presentadas por el PSOE y el PNV.
Beltrán indicó en un comunicado que, “gracias a las mayorías que hay en el Congreso”, ahora existe la “oportunidad” de aprobar “una ley más garantista en materia de derechos humanos y que sea acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones” de la ONU y de Europa.
“No podemos dejar pasar esta ocasión de reformar una ley que está limitando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información y que se está utilizando contra periodistas y contra el activismo social, específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda”, aseguró.
Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones su preocupación por algunos aspectos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015, puesto que considera que esa norma podría estar limitando “ilegítima, innecesaria y desproporcionadamente” el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información.
Además, recalcó que el texto de 2015 amplía los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana “sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos”.
Amnistía se ha dirigido a los grupos parlamentarios para indicarles que es necesario que la nueva ley garantice que todos los ciudadanos accedan a los recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando consideren vulnerados sus derechos de reunión, expresión e información, y que incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias.
Además, les ha pedido que se aseguren de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos.