Rosa Aguilar, quien ha mantenido un encuentro en la Delegación del Gobierno andaluz con las asociaciones que trabajan en Córdoba en este campo, ha subrayado a los periodistas que la trata constituye "un atentado contra los derechos fundamentales de las personas", dado que supone "la vulneración del derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad humana, la intimidad, la seguridad personal y la libertad sexual", y constituye "una manifestación más de la violencia de género que atenta contra las mujeres".
La trata de personas es un delito de alcance mundial que sufren 21 millones de personas en el mundo y el año pasado en España fueron liberadas más de 5.900 mujeres, según ha resaltado Aguilar. "Son cifras escalofriantes que tienen que hacer pensar y reaccionar", ha defendido, para subrayar que "se habla de la esclavitud del siglo XXI, con nombre de mujer y un atentado a los derechos humanos".
"No podemos, de ninguna manera, permitir esta forma de esclavitud", que padecen en el mundo miles de personas, la mayoría mujeres y niñas, ha añadido la titular de Justicia e Interior, quien ha señalado "la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre esta lacra y la manera de acabar con ella".
Los proyectos financiados por la Consejería de Justicia e Interior son desarrollados por organizaciones no gubernamentales en toda Andalucía con el objetivo de facilitar la incorporación social de mujeres víctimas de trata, así como proporcionar atención sociosanitaria, acogida residencial, reducción de riesgos y una intervención socioeducativa.
La consejera ha agradecido la labor que llevan a cabo estas organizaciones y también el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad para erradicar este delito y procurar la mejor asistencia a sus víctimas.
Además, Rosa Aguilar ha mostrado la disposición del Gobierno andaluz a coordinarse con otras administraciones para abordar "los cambios de leyes que sean necesarios para disponer de instrumentos útiles para luchar más y mejor contra la trata". "Todos los acuerdos son pocos para tratar de parar a esas mafias a las que no les importa absolutamente nada las personas, a las que sólo utilizan para enriquecerse", ha lamentado la consejera.
EL PERFIL
Mientras, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Luis Vargas, ha comentado que "las víctimas están asociadas en un porcentaje alto, del 98%, a los flujos de migración económica, fundamentalmente, a quienes se les quita el pasaporte o la documentación y aprovechan su situación de vulnerabilidad para caer en estas redes".
En concreto, ha detallado que es "población fundamentalmente extranjera, compuesta en algunos casos del África subsahariana y por otra parte de la Europa oriental, procedente de Rumanía", de manera que "la situación de vulnerabilidad económica es la principal baza que juegan las tramas criminales para retener y prostituir a las personas", ha explicado.
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