El Gobierno catalán ha decretado este viernes el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, tras el "despropósito" de que el TC le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros por la organización del 1-O, por la que también está detenido desde el miércoles.
El objetivo es "proteger" ante esta decisión del TC, ha dicho el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, en rueda de prensa tras un Consejo Ejecutivo extraordinario del Gobierno catalán.
El también portavoz del Gobierno regional ha lamentado que el TC "ordenaba ayer al señor Jové una serie de acciones cuando él está detenido y es imposible que las haga".
"Básicamente lo que le pide es 'o te autoinculpas o multa cada día de miles de euros", lo que Turull ha tachado de despropósito absoluto, y por eso le han cesado.
También ha constatado "un reconocimiento y un agradecimiento profundo y una absoluta confianza" de todo el Gobierno catalán hacia Juvé, cuyas funciones se asumirán desde ahora en la Generalitat como determine Junqueras, responsable de la Vicepresidencia y de Economía.
Este jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) impuso multas diarias a Jové de 12.000 euros diarios si insiste en su desobediencia a este órgano, la misma que ha impuesto además para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre (igualmente, si persistieran).
EL GOBIRENO CATALÁN ES EL RESPONSABLE
Turull ha asegurado que "ninguna coacción de éstas, ningún despropósito, por muy grande que lo quieran hacer, frenará nada" en el compromiso del Gobierno catalán, que es responsable en su conjunto del 1-O, ha dicho.
"El responsable del referéndum, por mandato del Parlament, es el Govern", es decir, el presidente, el vicepresidente y todos sus consejeros, que asumen todas las responsabilidades.
Según Turull, lo ocurrido con Jové no tiene precedentes y será "un ejercicio práctico de lo que no es el derecho en las facultades", y ha explicado que todas los detenidos tienen si quieren la asistencia jurídica garantizada de la Generalitat.
Al ser preguntado sobre si prevén que la acción judicial y policial del Estado pueda llevar a la detención de algún consejero y hasta del presidente, ha respondido que desconoce qué pasará, pero "del Estado, menos política y diálogo, se puede pensar de todo".
"Estamos tranquilos porque ninguna coacción ni intimidación parará nada. Esto ya está en manos de la gente", y no ha querido revelar si los catalanes recibirán las tarjetas censales para votar el 1-O, reiterando que según qué informaciones las sabrán todos los ciudadanos al mismo tiempo, viendo --ha añadido-- cómo se trata a terceros.
SANTAMARÍA "LO MENOSPRECIA TODO"
También ha dicho que la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, "menosprecia todo lo que sale de Cataluña y utiliza el Código Penal como respuesta", pero ha añadido que no conseguirá que caigan en su juego.
Y, al ser preguntado si contemplan una huelga general, Turull ha insistido en que el único planteamiento del Gobierno catalán es votar el referéndum del 1-O.
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