PSOE Y UNIDOS PODEMOS SACAN ADELANTE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA SENTENCIA CONTRA COMPANYS

El PSOE y Unidos Podemos acordaron este martes en el Congreso de los Diputados sacar adelante una proposición no de ley que implica la declaración de nulidad de la sentencia de muerte de un tribunal franquista por la que fue ejecutado el expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys.
El PSOE sometió a votación una proposición no de ley, a la que añadió un punto gracias al acuerdo con Unidos Podemos mediante una enmienda transaccional.
En la exposición de motivos, los socialistas alertan de que la consolidación plena de la democracia "no puede construirse desde el olvido" y consideran "un deber moral" y "un criterio de evaluación de nuestro sistema democrático" la plena reparación, reconocimiento y dignificación de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y el franquismo.
"Solo el conocimiento de nuestro pasado reciente permite asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de los errores del pasado", dicen los socialistas, que recuerdan que durante la guerra y la dictadura centenerales de miles de españoles abandonaron el país. Según el informe Valière, realizado por el Gobierno francés en 1939, recuerdan, 440.000 españoles se habían exiliado hasta ese momento en el país vecino.
Uno de ellos fue Companys, detenido por la policía alemana en 1940 en colaboración con las autoridades franquistas y entregado a la dictadura, por la que fue torturado y sometido a un juicio sumarísimo en el que fue condenado a pena de muerte. Fue ejecutado en el castillo de Montjuic pero previamente le habían sido incautados todos sus bienes, había sido inhabilitado y privado de la nacionalidad española.
Los socialistas recuerdan que, en su testamento, Companys escribió: "A todos los que me han ofendido, les perdono; a todos los que les haya podido ofender les pido perdón. Si he de morir moriré serenamente. No queda tampoco en mí la sombra de un rencor. Daré gracias a Dios que me haya procurado una muerte tan bella por los ideales. Él ha querido este destino y aún le doy la gratitud de esta placidez y esta serenidad que me llenan al pensar en la muerte, que veo acercarse sin temor (..) Por Cataluña y lo que representa de Paz, Justicia y Amor".
En virtud de la ley de memoria histórica, el Gobierno socialista entregó en 2009 a los herederos de Companys una declaración formal de reparación de la figura del expresidente de la Generalitat, reconociendo que "sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte por una sentencia impuesta por un ilegítimo consejo de guerra".
Recientemente, añaden, el Parlamento de Cataluña, por unanimidad de todos los grupos, ha declarado "ilegales" los tribunales políticos del franquismo y proclamado la nulidad de sus sentencias. Por todo ello, el PSOE pide ahora al Congreso que declare que las sentencias contra Companys por las que fue inhabilitado y posteriormente ejecutado son "ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez".
En otro punto de la proposición, piden al Congreso que reitere la "ilegitimidad" del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como de las condenas y sanciones dictadas por éstos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, condenas todas ellas también radicalmente nulas e injustas, y carentes absolutamente de eficacia y validez".
"CERRAR UNA HERIDA HUMANA Y SOCIAL"
En el punto acordado con Unidos Podemos, reconocen la "honorabilidad" de todas las víctimas de la represión franquista, "como acto de reparación del dolor que sufrieron y de las injusticias de que fueron objeto, así como de restitución de su memoria y de la dignidaddemocrática de todos".
En el debate, la portavoz del PSOE, Meritxell Batet, reconoció que diez años después de la aprobación de la ley es una “obligación” reconocer que la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas no ha sido suficiente “para cerrar una herida humana y social de nuestro país”. Se mostró convencida de que Companys es “un símbolo en el que podemos sentirnos representados todos” y reclamó “unidad, compromiso y generosidad” para declarar solemnemente la ilegitimidad de esas sentencias.
El portavoz de Unidos Podemos, Xavier Domènech, defendió su enmienda con “sensaciones encontradas” ante el discurso del PSOE y su contraposición con el que en su día pronunció el ponente socialista José Andrés Torres Mora. Alertó de que a los diputados de su grupo “no nos valdrá con este paso” y si realmente hay coherencia en la demanda de justicia y reparación se comprobará cuando se presente la demanda de nulidad de todas las sentencias que afectaron a víctimas del franquismo. La ley es “insuficiente”, dijo, y es necesario “ir mucho, mucho más allá”.
Domènech quiso además alertar a Ciudadanos de que a lo mejor es ese partido el que se contradice en este ámbito manteniendo dos posiciones diferentes, una en el Parlamento de Cataluña y otra en el Congreso de los Diputados.
El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, había dejado claro que este debate no es una prioridad para su partido y abogó por alcanzar un punto de encuentro a partir de la redacción de la ley, recordando que, como dijo en su momento Torres Mora, se pretende declarar nula una sentencia de muerte ejecutada.
En nombre del PDECat, Jordi Xuclà subrayó que la ley y el posterior decreto del fiscal general no tuvo el efecto jurídico pretendido por las familias de las víctimas, y por ello su partido presentó una proposición para modificar la norma. Se mostró por ello confiado en que una mayoría suficiente permita reconocer la necesidad de ir “un paso más allá” de lo reconocido por la portavoz socialista y no solo aprobar una proposición no de ley sino acometer la reforma legislativa oportuna.
Joan Tardà, de ERC, denunció “la hipocresía y el cinismo del PSOE mantenido en el tiempo” y aseguró que los diputados “llegan tarde” para restaurar la figura de Companys porque el Parlamento de Cataluña ya aprobó una ley que declara ilegales los tribunales franquistas en su territorio y, por tanto, nulas de pleno derecho sus sentencias.
La enmienda de ERC planteaba una nueva redacción para la ley de memoria histórica que proclame la ilegalidad en vez de la ilegitimidad de los tribunales y exprese sin ambajes la nulidad de las sentencias. Si hacen eso, dijo, entenderán que los socialistas defienden en el Congreso de los Diputados lo mismo que votaron en Cataluña, pero en caso contrario concluirán “que pretenden engañarnos”.
Tardà aseguró que como republicano “me duele mucho” lo que el PSOE está haciendo con sus propias víctimas, “pero son sus víctimas”. Sin embargo, añadió, “no les permitiremos que manipulen a nuestras víctimas”. Mikel Legarda, del PNV, dejó claro que su partido apoya la iniciativa por considerar que es “un paso en la buena dirección, aunque no el definitivo”.
"NO FUE PRESIDENTE DE TODOS"
Alicia Sánchez-Camacho, del PP, comenzó su intervención alertando de que en este momento el reconocimiento de Companys “no es un debate más”, y dijo a continuación que para su partido no es un símbolo porque “no fue presidente de todos los catalanes”.
Aseguró que es consciente de que su tesis no es “políticamente correcta”, pero se declaró “cansada de que se tergiverse la historia y el presente y el futuro de mi país”. Companys, subrayó, llegó el 14 de abril de 1931 ante un alcalde monárquico para “apoderarse del consistorio” y declarar la República, y posteriormente impulsó un “golpe de Estado” por el que fue condenado por le Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, aunque después fue indultado. Sin embargo, prosiguió, después él no indultó a los golpistas de 1936.
La diputada del PP reconoció que la ejecución de Companys fue “injusta” y la dictó un tribunal “ilegítimo”, pero se negó a reconocerlo como un “mártir” y ni siquiera como un “símbolo” de Cataluña.