En su auto, la Audiencia respalda la negativa de la jueza instructora a liberar al que fuera viceconsejero y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) porque persiste un riesgo de fuga "bastante elevado" que no podría eliminarse ni con una fianza y porque podría "obstruir" la acción de la Justicia en el marco de unas diligencias abiertas ya hace más de dos años.
"La enorme extensión de la pena de prisión que podría imponerse al recurrente materialmente tiene una entidad que haría que cualquier persona se plantease, cuando menos, romper con sus vínculos más importantes para tratar de evitar o incluso retrasar su cumplimiento", estima la resolución judicial, que calcula en una estimación "prudente" en "14 años de prisión" la condena a la que se enfrentaría López por los delitos que se le atribuyen.
"Minimizar los hechos imputados calificándolos, en todo caso, de un simple 'supuesto de corrupción municipal', como hace el recurrente, es un argumento que no puede compartirse", subraya la Audiencia, que remarca que "el apelante, más que negar en su recurso cualquier participación en los hechos que se le atribuyen, incide en la falta de elementos suficientes para realizar una imputación con el sustento requerido".
En el auto se concluye que "por más que el recurrente sea español, su núcleo familiar sea conocido, mantuviera contacto con el mismo y su vida se hubiera desarrollado en el pasado dentro de un marco geográfico determinado, su riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, con los datos con los datos que ha tomado en consideración la instructora, quizás no pueda considerase ya extremo pero sí más que elevado".
Además, reitera que "dentro de una trama tan compleja como la que se está investigando, donde los que principalmente podrían dar cuenta de los hechos tienen un especial interés en permanecer en el más absoluto anonimato por poder haber cometido un delito de cohecho, las posibilidades de que se concierten con el recurrente o éste pueda influir en ellos seguían siendo más que elevadas".
La instructora de la causa mantiene que en las investigaciones habidas en el proceso, las declaraciones testificales y de investigados y el resto de diligencias "existen indicios que superan la mera sospecha" para creer que al menos parte de dos promociones de VPO con cerca de 500 viviendas pudieron "ser objeto de venta ilícita, malversando los caudales públicos a través de la prevaricación administrativa y generando un daño irreparable para la sociedad en su conjunto y los haberes de la ciudad".
Además de López permanecen en prisión provisional desde febrero otras dos personas que se supone actuaban como 'conseguidores' de 'clientes' para la trama, a la que supuestamente abonaban distintas cantidades de dinero para convertirse en adjudicatarios de viviendas protegidas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios