Colombia: menores en bandas criminales son víctimas del conflicto armado (Corte)

  • Los menores de edad en Colombia reclutados por bandas criminales surgidas tras la desmovilización de paramilitares hace una década son víctimas del conflicto armado que sufre el país, decidió la Corte Constitucional, según una sentencia divulgada este lunes.

Según la alta corte, que vela por el respeto de la Carta Magna, "la condición de víctima de reclutamiento ilícito" no depende del grupo armado ilegal al que perteneció el menor, sea una guerrilla de izquierda, una milicia irregular de derecha o una "bacrim", como se denominan las bandas criminales formadas con remanentes de grupos paramilitares.

"A juicio de la Corte, la diferencia aludida genera en efecto un trato discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparación", señaló la sentencia.

El tribunal decidió por lo tanto que "las medidas de atención, asistencia y reparación integral" beneficiarán "a todas las víctimas de reclutamiento, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado".

La Corte Constitucional se pronunció ante una demanda de la Defensoría del Pueblo, un ente estatal autónomo que vela por los derechos humanos en Colombia.

Según esta entidad, la ley 1448 de 2011 solo reconocía la reparación integral de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento de la guerrilla o de paramilitares.

"La Corte acoge nuestra argumentación de que son víctimas de la misma calidad", afirmó la Defensora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, María Cristina Hurtado, al celebrar este lunes la decisión.

"(Los menores) entran al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ahí tienen derecho a una compensación económica y a acceder a un proyecto de vida", sostuvo Hurtado en rueda de prensa.

La Corte Constitucional aclaró empero que los menores podrán ser beneficiarios de estos programas "siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA)" del gobierno.

Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el 65% por ciento de los informes de riesgo frente a la incorporación forzada e ilícita de menores en el país corresponde a las "bacrim".

El ente estatal dijo que niños y adolescentes son utilizados para el microtráfico de drogas, extorsiones y homicidios, además de ser víctimas de violencia sexual.

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