Ankara.- La ilegalización hoy del pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP) por parte del Tribunal Constitucional turco ha provocado una escalada de tensión entre el Gobierno de Ankara y la minoría kurda y suma una amenaza más al proceso de paz para acabar con un conflicto que dura ya 25 años.
La prohibición del DTP se ha producido a petición de la Fiscalía, la cual presentó 141 casos que considera pruebas de que esa formación fue fundada a solicitud de Adullah Öcalan, el encarcelado líder kurdo del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y ha reclutado militantes para la organización montañera del PKK.
"Como partido, no se han distanciado lo suficiente de la violencia", indicó el presidente del tribunal, Hasim Kilic, al comunicar la decisión de los once miembros de la alta corte.
Insistió en que "un partido con vínculos con el terrorismo tiene que ser clausurado".
Así, el Constitucional ha considerado probado que existen vínculos entre el DTP y el PKK, una organización considerada terrorista por la Unión Europa y Estados Unidos y que desde 1984 se enfrenta a las autoridades de Ankara para lograr la autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía.
Además de ilegalizar el partido, que dispone de 21 escaños en el Parlamento turco, el Constitucional también decidió prohibir a 37 miembros de la formación -entre ellos su presidente, Ahmet Türk, y una diputada- participar en la actividad política durante cinco años, para impedir así su integración en otras fuerzas.
Kilic explicó que, para tomar su decisión, los magistrados tuvieron en cuenta dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la ilegalización de Batasuna por parte de la Justicia española.
El propio Türk reaccionó a la ilegalización del partido y su inhabilitación y aseguró: "Turquía vive un periodo doloroso y esta decisión es desesperanzadora, pero aun así creemos que Turquía algún día alcanzará la paz".
"La democracia y la paz terminarán ganando, por muchos obstáculos que se les ponga", declaró, y pidió que continúe el "diálogo" y el "sentido común".
"Nuestro objetivo es solucionar el problema (kurdo). Por mucho que me inhabiliten o inhabiliten a otros 30 compañeros, continuaremos la lucha democrática", aseveró.
La ilegalización del DTP, al que se confiscarán todos sus bienes, amenaza con dificultar aún más el proceso de paz impulsado por el Gobierno turco para acabar pacíficamente con la cuestión kurda.
En los últimos meses, Ankara había movido ficha y anunciado un aumento de los derechos de la minoría kurda e incluso acabado con el estricto aislamiento del fundador del PKK, Adullah Öcalan, que desde hace diez años era el único recluso de una prisión-isla.
Sin embargo, el pasado domingo varias protestas en zonas kurdas por las condiciones de detención del dirigente kurdo acabaron en enfrentamientos con la Policía que dejaron un muerto y decenas de heridos.
La tensión se disparó el lunes, cuando siete soldados turcos cayeron abatidos en una emboscada cuya autoría se ha atribuido el PKK.
El jueves, los medios turcos informaron sobre la muerte de nueve militantes kurdos a manos del Ejército.
Hoy mismo, otros tres militares resultaron heridos en combates contra el PKK, según el diario "Zaman".
Las iniciativas del Gobierno han sido criticadas como una rendición ante los separatistas por la oposición nacionalista, y el propio Öcalan las calificó de mero "espectáculo".
Así, la ilegalización del DTP amenaza con poner más piedras en el camino para acabar con el conflicto kurdo y puede desatar una nueva crisis política en el país eurasiático.
Los diputados del DTP ya han anunciado que abandonarán el Parlamento, lo que obligaría a convocar elecciones en las provincias por las que fueron elegidas.
Desde su fundación en 1963, el Constitucional turco ha ilegalizado veinticuatro partidos, entre ellos cinco formaciones pro kurdas.
Esta semana, un grupo de intelectuales turcos publicó una carta abierta en la que pedía que no se ilegalizara el DTP y aseguraba que Turquía se está convirtiendo en un cementerio de partidos políticos.
En ese comunicado, se advertía de que la ilegalización del DTP no sólo no resolverá nada, sino que enquistará aún más el conflicto.
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