Buenos Aires, 10 oct.- La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina investigará el plan voluntario de adecuación a la ley de medios, presentado por el Grupo Clarín, para determinar si cometió algún delito económico, informaron hoy fuentes oficiales.
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, entregó este viernes a la Procelac la documentación recabada sobre las empresas que integran el Grupo Clarín, el mayor conglomerado multimedia de Argentina.
Tras presentar los informes al titular de la Procelac, Carlos Gonella, Sabbatella explicó que al analizar la propuesta de Clarín y los vínculos societarios entre los miembros de las distintas unidades de negocio se detectó que el grupo "quería hacer trampa para burlar la ley de medios".
"Clarín reconoció hoy que todo lo que dijimos era cierto. Que hay vínculos societarios, están reconociendo que esos abogados son socios en otras empresas", dijo el responsable de la Afsca en declaraciones a la prensa.
"No estoy diciendo que exista un delito económico. Quizás esta investigación pueda servir para otras investigaciones en curso en la Justicia", añadió.
El pasado miércoles, Sabbatella aseguró que al investigar los vínculos societarios de los titulares de las distintas unidades de negocios propuestas por Clarín, se detectó que tenían sociedades comerciales en Nueva Zelanda y Panamá, entre otros lugares.
"Lo que hemos presentado es toda la documentación vinculada a la investigación, que demuestra lo que el Grupo Clarín está haciendo. Las empresas, los vínculos societarios, lo que dicen ellos que no había y que hay", reiteró Sabbatella.
La documentación entregada en la Procelac fue presentada también hoy por la Afsca ante la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina decidió este miércoles iniciar de oficio el proceso de desconcentración de Clarín para adecuarlo a la ley de medios, por lo que será el Estado el que determine qué licencias deberá vender.
El ente regulador rechazó la propuesta voluntaria que presentó el grupo multimedia, por encontrar vínculos societarios entre las partes en las que proponía dividirse.
Clarín denunció el jueves un "ataque" y un trato desigual por parte del Gobierno argentino y adelantó que recurrirá a la Justicia.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso argentino en 2009, fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La ley quedó en firme en 2013, cuando la Corte Suprema rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad alegadas por el Grupo Clarín, lo que obligó al conglomerado a presentar un plan de adecuación voluntaria que contemplaba la división en seis partes.
La Afsca había aprobado la partición, pero rechazó los accionistas a los que se iban a transferir las licencias por entender que existen vínculos entre ellos.
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