Asunción, 16 ene.- Periodistas paraguayos recuerdan hoy a Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color que hace tres meses fue asesinado junto a su asistente, Antonia Almada, con una marcha hasta la Fiscalía, en Asunción, para exigir que se detenga a los principales sospechosos del crimen, que siguen prófugos.
La manifestación, que comenzará en la sede de ese rotativo asunceno, es una de las muchas que se han venido realizando desde que el 16 de octubre Medina y Almada fueron tiroteados cuando viajaban en automóvil por una carretera del departamento de Canindeyú (noreste).
Hay varios imputados por el crimen y todos están prófugos. Entre ellos destaca la figura de Vilmar Acosta, que en el momento del asesinato era alcalde de un pueblo de ese departamento desde las filas del gobernante Partido Colorado.
Acosta, sobre quien Interpol emitió una orden de búsqueda y captura, está procesado como el autor intelectual del asesinato y también por acopio y producción de marihuana en su finca de Ypehú, la localidad donde era intendente.
El exalcalde era una de las personas investigadas por Medina en sus trabajos periodísticos sobre las conexiones entre el tráfico de droga y ciertos políticos de Canindeyú, departamento fronterizo con Brasil.
Ese país es el destino de la mayor parte de la marihuana cultivada en Paraguay, el mayor productor de esa droga de Suramérica.
La Policía sospecha que Acosta, así como su hermano Wilson Acosta, considerado uno de los autores materiales del asesinato, podrían estar ocultos en Brasil.
El asesinato de Medina, muchas de cuyas ramificaciones fueron destapadas por ABC Color, impactó de forma ostensible a la clase política paraguaya, que por primera vez comenzó a debatir públicamente sobre la existencia de un sistema de "narcopolítica".
El debate se avivó el pasado fin de semana con la detención de un concejal del opositor Partido Liberal, tras un operativo en el que se halló cerca de una tonelada de marihuana en su residencia.
Otros dos concejales, uno liberal y otro del Partido Colorado, están siendo investigados por la Fiscalía por su supuesta relación con la incautación de 250 kilos de cocaína el pasado sábado en el departamento de Amambay, también fronterizo con Brasil.
En una entrevista el jueves a Efe, Luis Rojas, titular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), reconoció que el negocio de las drogas "contaminó a la clase política".
"Tenemos un fenómeno nuevo, y es que la clase política no vinculada al narcotráfico está denunciando a sus propios compañeros que sí están implicados en el negocio de la droga", declaró.
La Cámara de Diputados parece haber tomado la iniciativa a ese respecto con la aprobación en diciembre de dos proyectos legislativos, uno sobre el control del espacio aéreo y otro sobre la incautación de bienes de narcotraficantes.
Ambos proyectos deben pasar en febrero al Senado para ser discutidos.
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