Según ha informado la Policía Nacional en una nota, cuando se le requirió la documentación en el control de entrada de ciudadanos extranjeros a territorio nacional.
Los agentes de fronteras verificaron que sobre el viajero recaía una reclamación judicial para su extradición en vigor por graves delitos de fraude y actividades contrarias a la salud pública, incluyendo los que afectan a intereses financieros de las comunidades europeas según la convención de 26 de julio de 1995, pudiendo ser condenado con hasta diez años de prisión.
Una vez ratificada tal reclamación a través de Sirene (Supplementary Information Request at the National Entry), la Policía puso en marcha el protocolo establecido para hacer efectiva la entrega y puesta a disposición de los juzgados centrales de instrucción ubicados en Madrid y así ejecutar su extradición.
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