El juicio a la "banda del puerto" se inicia mañana con penas de hasta 39 años

Barcelona, 15 abr.- El fiscal pide penas de hasta 39 años de cárcel para la "banda del puerto", una supuesta trama integrada por delincuentes habituales, guardias civiles y policías nacionales que a partir de mañana serán juzgados acusados de robar 400 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona y asaltar a narcotraficantes.

En el macrojuicio, que se celebrará en la Audiencia de Barcelona en medio de grandes medidas de seguridad hasta mediados de junio, están acusados siete guardias civiles y dos policías nacionales, así como varios delincuentes habituales, delatados por el arrepentido Juan Pedro L.F., tras ser condenado por matar a dos vigilantes de seguridad de un furgón blindado en Terrassa (Barcelona).

La "banda del puerto" está acusada de aprovechar información confidencial para robar en 2005 unos 400 kilos de cocaína -que no se han podido recuperar- escondidos en un contenedor del Puerto de Barcelona, así como de asaltar a narcotraficantes.

En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción destaca la "complejidad" de la trama desarticulada, ya que tenía dos grupos estructurados jerárquicamente, uno integrado por supuestos delincuentes habituales y otro formado por los guardias civiles y los policías.

Según el fiscal, la rama de delincuentes estaba dirigida por Javier S.R., conocido como "Trapero", para quien pide 39 años de cárcel, mientras que el núcleo de la Guardia Civil y la Policía Nacional estaba comandado por el agente de la benemérita Antonio S.M, para quien pide 26 años y medio de cárcel.

Antonio S.M., que en 2004 se incorporó a la oficina de análisis y de investigación fiscal de la Guardia Civil en el Puerto de Barcelona, contaba según el fiscal con la estrecha colaboración del suboficial del instituto armado Roberto P.C., para quien el ministerio público pide 13 años de cárcel.

Según consta en el sumario de la causa, tras cometer el robo de los 400 kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona, los miembros de la banda, que tenían los teléfonos pinchados, lo celebraron por todo lo alto en un club de alterne que reservaron para ellos solos durante dos días.

En la investigación de esta trama se descubrió que supuestamente los imputados se reunían con narcos a los que querían estafar y se ganaban su confianza para que les fiaran la droga, con el compromiso de pagarla una vez que la hubieran vendido.

Realizada la entrega de la droga, los guardias civiles imputados entraban en escena, simulaban que detenían a sus propios compinches y que incautaban la droga, con lo que el pacto con los narcos se daba por roto y la banda se quedaba el alijo sin tener que pagarlo.

A los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se sentarán a partir del lunes en el banquillo de los acusados se les imputan, entre otros, los delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, cohecho activo y blanqueo de capitales.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa a los guardia civiles Jesús Javier M.C., -para quien pide 12 años de cárcel-; Miguel Ángel H.F., -11 años-; Cristóbal L.R.M., -7 años y medio-; Fernando A.V. -3 años-; y Fernando G.V. -3 años-.

En esta causa llegó a estar imputado el teniente coronel Alfonso L.R., si bien finalmente su caso ha quedado archivado al prescribir los delitos de los que estaba acusado.

Los dos policías nacionales acusados, conocidos como "Los Cromos" o "Los Gemelos", son el ex inspector jefe de la sección de crimen organizado de Barcelona Antonio G.R., -para quien el fiscal pide 17 años de prisión-; y su hermano y también ex inspector jefe del grupo de crimen organizado Carlos G.R. -7 años y medio-.

Por su parte, en la rama de supuestos delincuentes habituales comandada por Javier S.R. "Trapero", los principales imputados son Daniel R.T., conocido como "Bolo" -para quien el fiscal pide 24 años-; David B.V. "Chucho" -21 años-; y Antonio B.V., "Gordo" -15 años-.

En el núcleo de delincuentes habituales el fiscal también sitúa a Juan Pedro L.F. "Juanper", que fue quien acabó incriminando al resto de acusados tras ser condenado por el caso del furgón de Terrassa (Barcelona) y para quien el ministerio público pide ahora seis meses de cárcel.

Uno de los principales testigos en este juicio es el confidente policial Manuel G.C., que fue clave para destapar también el caso "Riviera-Saratoga", una supuesta trama de corrupción policial vinculado a burdeles.

Se da la circunstancia de que Manuel G.C. está siendo ahora investigando por un supuesto tráfico de drogas por otro juzgado de Barcelona, en unas diligencias en las que ha sido imputado un subinspector de los Mossos d'Esquadra y cinco agentes, acusados de protegerle.