Puebla (México), 18 oct.- El gobierno del estado central mexicano de Puebla respondió con violencia a las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le hizo para investigar y sancionar a los responsables del abuso del poder policial que causó la muerte de un niño en una protesta.
El organismo autónomo responsabilizó a los policías de la muerte del menor y dictaminó que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en un enfrentamiento entre policías del estado y ciudadanos de Chalchihuapan, en el municipio de Ocoyucan, el pasado 9 de julio.
El 11 de septiembre, la CIDH recomendó a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de aquella refriega que dejó como saldo un niño de 13 años muerto, nueve vecinos heridos y 49 policías con lesiones no graves.
Además, solicitó a las autoridades de Puebla una "medida precautoria para salvaguardar los derechos de las víctimas, sus familiares y los testigos de los hechos, en especial para que ningún servidor público realice actos de intimidación que les impida acceder al sistema de justicia del estado".
En respuesta al pliego de recomendaciones del organismo, policías del estado aprehendieron hoy con violencia a 5 habitantes de la comunidad de Chalchihuapan, denunciaron testigos, familiares de los detenidos y organizaciones civiles.
La mujer de uno de los policías contó que la madrugada de este sábado policías estatales ingresaron a su casa por la fuerza, le amenazaron con un arma de fuego, destruyeron algunos muebles y sin orden judicial o explicación se llevaron detenido a su esposo.
Por su parte, el gobierno de Puebla informó que en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, la Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan ejercitó acción penal en contra de 5 civiles, "probables responsables de distintos delitos".
Alrededor de las cuatro de la madrugada, los policías estatales forzaron las cerraduras de las viviendas y destruyeron cercas para detener con violencia a los vecinos, añadieron otros testigos que acudieron en su auxilio.
El portavoz de la organización civil Contingente Puebla, Misraim Hernández, criticó la forma en la que el gobierno de Puebla atendió a las recomendaciones de la CNDH, lo cual provocó un mayor enfado e indignación en la comunidad.
"No puedes solucionar delitos cometiendo más delitos. Con esto, el gobierno de Rafael Moreno Valle nos está diciendo que en aras de responder las recomendaciones de derechos humanos es permitido hacer uso de la fuerza y amedrentar a las familias", expresó.
A pesar de que la CNDH acusó al gobierno de Puebla de violaciones graves a los derechos humanos durante aquel enfrentamiento y resolvió que hubo incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y de la seguridad, ningún funcionario de primer nivel fue cesado.
El gobierno de Puebla informó de que para cumplir con las recomendaciones de la CNDH fueron despedidos 3 funcionarios encargados del operativo policial durante la protesta en Chalchihupan y 6 miembros de la policía estatal se enfrentan a varios cargos ante un juez.
Aunque el organismo nacional recomendó enfáticamente sancionar al secretario de Seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas, como responsable de los hechos ocurridos el 9 de julio y mentir en sus declaraciones, el gobierno de Puebla sólo dispuso imponerle una multa, cuyo monto no precisaron las autoridades.
En otras medidas, el gobierno creo un Fideicomiso Público para indemnizar a las víctimas por los hechos ocurridos el 9 de julio y designó a un funcionario de modesto rango para enviarles por escrito una disculpa sobre la violación a sus derechos humanos.
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