Cristina Cifuentes da la cara y defiende su inocencia. La presidenta madrileña, en una comparecencia convocada por sorpresa, ha salido al paso de un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se pide al juez que la impute por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.
Cifuentes ha afirmado que el informe de la UCO es "una sucesión de juicios de valor y opiniones sin fundamente jurídico alguno". Ha añadido que el documento ha circulado por las redacciones de los medios de comunicación este martes y que el juez no ha dictado ninguna resolución al respecto.
La presidenta autonómica ha defendido que "desde el minuto cero" ella y su Gobierno han sido "inflexibles contra la corrupción". Ha añadido que no va a consentir que nadie ponga en juego su honradez y que manche su nombre. "No hemos tolerado ni vamos a tolerar" ningún caso relacionado con la corrupción, ha destacado.
"¿Pero de verdad alguien tiene duda de que he podido cometer algún hecho ilícito?", se ha preguntado Cifuentes. Ha recordado que "no le tembló el pulso" para acudir a la Fiscalía cuando detectó supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II. "Mi honradez está fuera de toda duda", ha remarcado.
Sobre la cuestión del informe de la UCO (adjudicación de la cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco), Cifuentes ha dicho que el proceso fue "completamente transparente, legal, reglado y no arbitrario". Ha añadido que todas las adjudicaciones que se aprobaron durante su etapa de vicepresidenta primera de la Asamblea "se adoptaron siempre, el 100% de las veces, en base a informes técnicos".
Dichas adjudicaciones, ha recordado, se aprobaron "siempre por unanimidad". En la mesa técnica y de la asamblea ha insistido participaban miembros del PP, PSOE e Izquierda Unida. "Ni una sola adjudicación se ha hecho a otra empresa diferente a la que indicaron los técnicos", ha sostenido.
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