Puigdemont: cien días y ni una ley aprobada y ahora promete 45 en 15 meses

  • El Govern cumple el 'período de gracia' con una nula actividad legislativa, el procès paralizado y la convivencia con la CUP, en entredicho. 

    La aprobación de los Presupuestos anuales es el reto para el president: los anticapitalistas no le garantizan su apoyo. 

Puigdemont: cien días y ni una ley aprobada
Puigdemont: cien días y ni una ley aprobada

Cien días. Es el denominado 'período de gracia' que suele aplicarse a los nuevos gobiernos para valorar su primera gestión.

El president catalán, Carles Puigdemont, ha hecho hoy balance de estos primeros tres meses, con más sombras que luces para el Govern. La rueda de prensa de este martes era la primera para Puigdemont, que en este tiempo ha tenido una política más de gestos que de acciones.

El president se ha dedicado más a templar las relaciones entre el bloque soberanista, que a su actividad parlamentaria. De hecho, no se ha aprobado ni una sola ley.

Puigdemont ha prometido este martes impulsar 45 leyes en los próximos 18 meses, casi tantas como las aprobadas por Mas-47- en tres años. 

Entre estas leyes destacan la de la Escola Nacional d'Administració Pública, la de gobiernos locales, de la Cataluña Exterior, de contratos del sector público, de apoyo a las familias, de igualdad de trato y no discriminación, de calidad ambiental y agraria, pesquera, forestal y de alimentación.El compromiso de Puigdemont es que el Govern apruebe el paquete de 45 leyes antes de que acabe la legislatura, pero el posterior trámite parlamentario requerido podría alargar el proceso: "Eso ya no depende tanto de mí", ha advertido. Seis veces en el Parlament

En estos 100 días, la actividad parlamentaria de Puigdemont ha sido escasa. En estos tres meses apenas ha acudido en seis ocasiones a la Cámara. En una, para participar en un pleno extraordinario de la pobreza. En cinco, para someterse las sesiones de control.

En esas sesiones ha quedado clara la enorme oposición de la Cámara. Incluso de sus 'socios', los anticapitalistas de la CUP, que han confirmado con sus votaciones que no se lo pondrán fácil al president.La hoja de ruta soberanista, en stand by

Sin duda, la razón que más condiciona esas tensas relaciones es la ejecución de la hoja de ruta soberanista, ratificada por el Parlament, y que contemplaba llevar a Cataluña a las puertas de la independencia en un plazo de año y medio.

Puigdemont asumió ya en su primera comparecencia como recién elegido president que el plazo era inviable. Una tesis secundada por otros miembros del Govern. Renunció también a una declaración unilateral de independencia, e insistió en la vía del referéndum consensuado con el Gobierno. Desde la CUP reprochan este giro a la moderación de Junts pel Sí y ven comprometida la tan “desconexión” con el Estado.

En este tiempo, las leyes de ruptura han ido tropezando con sucesivos recursos del Gobierno ante el  Constitucional, como la creación de la comisión del proceso constituyente o del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, suspendido por el alto tribunal. Eso supone que, en la práctica, el procès se encuentre encallado.Presupuestos, el desafío 

Seguramente, el gran reto inmediato para Puigdemont sea la aprobación de las cuentas para el próximo año. Por el momento, están prorrogados los de 2015, y la negociación con los partidos para que dén su apoyo a los nuevos es complicada.

La CUP ha advertido a Junts pel Sí que su respaldo no está ni mucho menos garantizado, por lo que el Govern mantiene conversaciones tanto con PSC como con SíQueEsPot. El principal escollo con los anticapitalistas es que desde la CUP se defiende unos Presupuestos “expansivos” que permitan acometer la agenda de reformas sociales comprometida.

La Generalitat, no obstante, encuentra serias limitaciones por las advertencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que las comunidades deben controlar su gasto. Cataluña fue, el pasado año, la comunidad con más desequilibrio negativo entre ingresos y gastos, el 2'7% del PIB, dos puntos más que el objetivo. La intención del Departamento de Economía es presentar estas cuentas en mayo.Grandes proyectos encallados

Con el proceso independentista, el Govern mantiene en stand by otros grandes proyectos, como el macrocomplejo de ocio BCN World. El proyecto, que contempla la creación de 5.000 puestos de trabajo, se encuentra paralizado por las diferencias entre Junts pel Sí y ERC sobre la consulta que quieren realizar a los ciudadanos.

En la cúpula de Convergència se entiende que habrían de votar los ciudadanos de la zona, Tarragona, mientras que ERC-contraria al proyecto- quiere que todos los catalanes decidan. Desde la CUP se advierte de que nunca se defenderá un proyecto “que fomenta la especulación”. El proyecto provocó serias divisiones en el momento de negociación entre Junts y la CUP y, de hecho, el equipo de Mas planteó paralizar el Plan urbanístico. Una condición que luego no se recogió en el acuerdo.Cinco proyectos de ley

El Govern ha presentado hasta ahora cinco proyectos de ley para su debate parlamentario: uno sobre el libro sexto del Código civil catalán, otro sobre cambio climático, sobre el plan de estadística 2017-2020; sobre la ordenación de las actividades de espectáculos públicos, y sobre buenas prácticas de la administración en arquitectura

No se ha aprobado ninguna ley. En estos meses, el president sólo ha realizado dos anuncios: la creación de una Dirección General de Políticas de Montaña para atender a las “demandas del Pirineo” y una dotación para mejorar una carretera.Relaciones de alta tensión con la CUP

Contener la división en el bloque soberanista ha sido otro de los empeños de Puigdemont. El acuerdo contempla que los anticapitalistas no votarán en contra de nada que pueda poner en peligro la hoja de ruta soberanista. Pero nada dice sobre todo lo demás.

De hecho, la CUP protagoniza una feroz oposición en el Parlament. El episodio más tenso se vivió hace unos días, cuando Junts pel Sí se opuso a la moción de la CUP que insta a “desatender las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado Español”. El partido de Puigdemont se opuso también a la petición de que los Mossos desatendiesen los requerimientos de la Audiencia Nacional y no actuasen como policía judicial en el marco de los procesos abiertos contra los ayuntamientos catalanes que apoyaron la declaración del 9-N. La relación con ERC también atraviesa discrepancias.

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