El concejal de Control Administrativo del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, han abordado este miércoles la puesta en marcha del mecanismo de colaboración entre la Generalitat y el consistorio para facilitar el cobro de multas a los vecinos otros municipios de la Comunitat Valenciana que hayan cometido una infracción en la capital a partir de 2017.
El cobro se hará a través del Instituto Valenciano de Administración Tributaria. Según ha informado el consistorio en un comunicado, el equipo de Gobierno quiere dar un "nuevo impulso" a esta iniciativa del Ayuntamiento. A la reunión entre Galiana y Ferrando se ha sumado el encuentro entre el regidor de Hacienda, Ramón Vilar, y el director general de Tributos, Javier Casas.
Se trata del primer convenio de la historia que se firma entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana para hacer "más eficiente" la gestión de estos procedimientos sancionadores. Según el consistorio, una gran parte de las sanciones que se imponen en Valencia ciudad no se pueden cobrar nunca porque el Ayuntamiento de la ciudad no puede ejecutar el embargo de una cuenta bancaria y cobrar la multa si la cuenta está domiciliada fuera de su término municipal.
"CUESTIÓN DE JUSTICIA"
Galiana ha destacado que no se trata de una acción con afán recaudatorio, sino que es "una cuestión de justicia, puesto que no tiene sentido que una persona de fuera de la ciudad pueda venir a Valencia, cometer infracciones y después no tener que pagar la sanción correspondiente, a diferencia de lo que ocurre con los vecinos y vecinas de Valencia".
Concretamente el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar unos 2,5 millones de euros anuales por este concepto, "un dinero que, por ejemplo, podríamos destinar a invertir en aspectos de Bienestar Social, entre otras materias", ha dicho Ferrando.
Según ha explicado Ferrando, el convenio de entre el Ayuntamiento de Valencia y el IVAT establece que la Generalitat aplicará por un lado un coste por inicio de la gestión de tres euros por cada deuda incorporada al sistema y, de la otra, un coste de la gestión realizada de un 1% sobre los importes cargados incorrectamente, así como un 3% de los importes efectivamente recaudados como consecuencia del procedimiento de embargo.
Galiana ha explicado que Ayuntamiento y Generalitat han trabajado "codo en codo para solucionar un problema que trae muchos años guardado en un cajón". Por su parte, Ferrando ha subrayado: "El poco dinero con que contamos los valencianos hay que gestionarlo de la manera más eficiente posible. Por eso esperamos que poco a poco el resto de ayuntamientos puedan adherirse a convenios similares".
Esta reunión se ha complementado con la que también ha mantenido el regidor de Hacienda, Ramón Vilar, con Javier Casas, director general de Tributos de la Generalitat. Según ha explicado Vilar, "ha sido una reunión de carácter ordinario dentro del seguimiento del convenio que se está trabajando entre Ayuntamiento y Generalitat".
El regidor de Hacienda se ha referido así a la parte tributaria y técnica, que ha enmarcado dentro "de una voluntad política" para "poner en marcha un órgano tributario de la propia Generalitat. Con esto también se empieza a dotar de contenido y rodaje el que puede ser una futura Agencia Tributaria Valenciana", ha avanzado.
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