La declaración reconoce la importancia de que la contratación pública contribuya a la transformación socioeconómica y a la dinamización del tejido productivo local, y expresa la preocupación porque la ley presentada en el Congreso no garantiza una contratación pública "responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible".
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado que la contratación pública es una herramienta potente para incidir en la realidad económica, que tradicionalmente ha estado controlada por las grandes empresas y ha supuesto un "caldo de cultivo" de casos de corrupción y precarización de las condiciones laborales, y ha reivindicado presionar al Gobierno español, pese a que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia.
La concejal del grupo Demócrata Sònia Recasens ha alertado de que Barcelona no tiene competencias en este ámbito y que la declaración denota una "parálisis" del Gobierno municipal, por lo que ha pedido más hechos.
Marilén Barceló (Cs) ha reconocido la importancia de garantizar la transparencia en la contratación pública y de favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas, aunque ha justificado su abstención por la falta de competencias del consistorio.
La concejal de ERC Trini Capdevila ha asegurado que es necesaria "una legislación social y solidaria" en la contratación pública para favorecer el tejido productivo, garantizar los salarios dignos, velar porque se acabe la morosidad de las grandes empresas y no contratar a empresas que evaden impuestos.
La socialista Montserrat Ballarín ha calificado la contratación pública como una "herramienta clave" para avanzar hacia un modelo económico más inclusivo y sostenible, y luchar contra la corrupción, y ha afirmado que el gobierno español ha dejado pasar la oportunidad de hacer una contratación pública más responsable.
El popular Xavier Mulleras ha explicado su voto contrario por su apoyo a la ley del Gobierno español, y ha acusado a la alcaldesa, Ada Colau, de hacer "el 97% de la contratación del Ayuntamiento a dedo".
Josep Garganté (CUP) ha sostenido que la declaración demuestra "la impotencia del Gobierno municipal para aplicar criterios de contratación" y que debería internalizar la gestión de los servicios y proteger los derechos sociales y laborales.
El concejal no adscrito Gerard Ardanuy se ha mostrado favorable a la existencia de cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos, pero se ha abstenido porque considera que el marco del Ayuntamiento debe ser el catalán y no el estatal.
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