Así se han pronunciado en una rueda de prensa conjunta de presentación del proyecto europeo 'Smart Living para Envejecer Mejor' al ser preguntados por su valoración del auto del juez del caso, que considera que la exedil de Cultura en el consistorio con el PP María José Alcón, su exmarido y su exasesor se habrían enriquecido personalmente a través de comisiones ilegales de distintas empresas a las que la Concejalía adjudicó contratos.
Castillo ha expresado su "cansancio e indignación" ante las revelaciones de las últimas informaciones y ha reclamado que el PP aparte del cargo a los investigados por la pieza separada de Imelsa. Al respecto, ha indicado que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "ha hecho declaraciones muy radicales y muy contundentes sobre el tema de la regeneración democrática" con las que el consistorio está "de acuerdo", por lo que ha instado de "pasar de las palabras a los hechos".
"Pensamos que la dirección del PP debe actuar en consecuencia y apartar de sus cargos a aquellas personas que estén implicadas en estos supuestos casos de corrupción", ha criticado la edil, quien ha añadido que, para el actual equipo de gobierno, lo expuesto en el auto "es un elemento gravísimo".
Por su parte, el concejal Jordi Peris ha coincidido con la valoración de Castillo y ha explicado que el equipo de gobierno "quiere hablar de Valencia en positivo con nuevos proyectos para la ciudadanía y empezar a pensar en Valencia en una clave diferente a la que se ha venido pensando en los últimos años del Partido Popular, donde el tema por excelencia ha sido la corrupción y materias relacionadas".
"Pensamos que ante la gravedad de estos hechos, los concejales que están siendo investigados no deberían estar en sus cargos y pedimos su dimisión, y exigimos que a estas alturas la dirección nacional del PP tome cartas en el asunto porque efectivamente no se puede seguir manchando la imagen de Valencia durante más tiempo, especialmente cuando hay un nuevo gobierno que está trabajando para hablar de Valencia en positivo", ha afirmado.
REVISIÓN DE CONTRATOS
Preguntada por el contrato para la restauración de monumentos que el consistorio mantiene con la empresa EMR, que aparece en el auto, Castillo ha afirmado que el actual equipo de gobierno "todo aquello que considera incorrecto o irregular" lo "pone encima de la mesa y lo investiga", pero no actúa "de forma irresponsable". En esta línea, ha recalcado que "sin motivos realmente contrastados, no cancela ningún tipo de contrato, porque eso supondría una actuación por parte de la empresa a la que suspenda el contrato de denuncia contra el Ayuntamiento".
"Por tanto, lo que vamos a hacer es, si esa empresa continúa trabajando con el Ayuntamiento, revisar qué tipo de contrato es, qué cláusulas se incluyen en él, y evidentemente si en ellos hay algún tipo de irregularidad, renunciar a ese contrato. Seremos muy cautelosos y cualquier cosa que tengamos que hacer será avalada por el informe técnico y jurídico de los expertos del Ayuntamiento", ha señalado.
La alcaldesa en funciones ha defendido que en el Ayuntamiento "se dedican a gestionar" y "hay una actuación judicial que transcurre en paralelo al Ayuntamiento", con la que tendrán una colaboración y participación "de forma inmediata y ágil". "Lo que no vamos a hacer desde el Gobierno es suplantar al poder judicial, que es el que hace las investigaciones, las actuaciones, los juicios y las sentencias", ha señalado.
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