Procuraduría destituye a exsenador colombiano por nexos con paramilitares

Bogotá, 11 jul.- El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, destituyó de manera retroactiva e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos al ahora exsenador Luis Alberto Gil Castillo por vínculos con paramilitares con el fin de consolidar su proyecto político, informó hoy el Ministerio Público.

Según un comunicado de la institución, Gil Castillo mantuvo una relación personal con el líder del Bloque Central Bolívar del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez", "motivada en los intereses que cada uno de ellos sostenía".

De la investigación se desprende que "Ernesto Báez" propuso convocar a una reunión entre 2001 y 2003 a los concejales del Movimiento Alternativo Regional (MAR) de Barrancabermeja (noreste) para pedir su apoyo y favorecer "la pretensión de Gil Castillo" de conformar una lista del movimiento Convergencia Ciudadana.

Además, pruebas testimoniales destacan que había "una relación cordial" entre el exsenador destituido, "Ernesto Báez", el también exjefe del Bloque Central Bolívar Rodrigo Pérez Alzate, alias "Julián Bolívar", y el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, también destituido e inhabilitado por la Procuraduría General dentro de un proceso disciplinario por nexos con paramilitares.

Aguilar, conocido por liderar la operación de 1993 en la que murió en Medellín el capo Pablo Escobar Gaviria, fue detenido hace poco más de una semana por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo investiga por concierto para delinquir.

En el fallo de única instancia contra Gil, el procurador Ordóñez indicó que las autodefensas "crearon unas bases sociales y una relación con la clase dirigente de la región para la consolidación de su proyecto político".

En los últimos dos años se han abierto investigaciones por presuntos vínculos con paramilitares a aproximadamente un centenar de parlamentarios y exparlamentarios, de los que una treintena están presos por orden de la CSJ.

De la treintena de presos por el escándalo de la "parapolítica", unos 20 han sido condenados, mientras siguen las indagaciones a 420 políticos, como alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros, por supuestos vínculos con las AUC.