En un comunicado, la ONG ha dicho que el 18 de noviembre el activista Eroheng Salilatae fue golpeado de forma brutal por varios militares en una redada en su vivienda, con el objetivo de que confesara dónde se escondían los insurgentes y por tener dos fusiles de asalto. Después del interrogatorio, Eroheng tuvo que ser trasladado a un hospital por las lesiones sufridas por los golpes que le dieron los militares en el pecho.
"Las fuerzas de seguridad tailandesas han convertido la tortura en algo rutinario en el sur de Tailandia, donde maltratan a presuntos insurgentes con impunidad", ha denunciado el director de HRW en Asia, Brad Adams. "Para que la respuesta del Gobierno sea creíble, las autoridades necesitan investigar estos casos seriamente y llevar a juicio a todos los involucrados", ha añadido.
En septiembre de 2016, el jefe de la junta militar, el general Prayut Chan Ocha, prometió que la tortura sería catalogada como delito y se perseguiría y aseguró que Tailandia cumplirá sus obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura, por la que está obligada a investigar y enjuiciar los casos de tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios públicos. Sin embargo, en varias ocasiones, las autoridades tailandesas han proporcionado compensaciones económicas a las víctimas o a sus familias para que no denuncien en los tribunales lo sucedido.
"Las atrocidades cometidas por los insurgentes en el sur de Tailandia no sirven de excusa para que las autoridades violen sus Derechos Humanos o sean exentas de responsabilidad criminal", ha manifestado Adams.
HRW ha expresado varias veces su preocupación por considerar que las autoridades tailandesas estén tomando represalias contra los que denuncian violaciones de los Derechos Humanos, presentando denuncias en su contra basadas en la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal y con las que les acusan de realizar aseveraciones falsas para dañar la reputación de la junta militar.
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