Un decreto del presidente Mauricio Macri que facilita a inversionistas extranjeros la compra de tierras en zonas privilegiadas de Argentina encendió una polémica con críticas de la oposición e incluso de aliados del gobierno.
El decreto de Macri flexibiliza una ley del gobierno de Cristina Kirchner (2007/2015), aprobada en 2011, que establecía que no más del 15% de las tierras rurales podían estar en manos extranjeras y a su vez ningún extranjero podía adquirir más de 1.000 hectáreas.
El decreto publicado la semana pasada busca que "se faciliten y posibiliten las inversiones en el país, se contemplen cuestiones no reguladas, y se aclaren otras que han traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial", según el texto.
El diputado opositor Martín Doñate expresó su preocupación por la modificación a la llamada Ley de Tierras.
"Es preocupante, el Presidente cambia el espíritu de la ley anterior mediante un decreto y demuestra una clara complicidad entre el gobierno y algunos de los empresarios extranjeros que más tierras poseen", declaró a la AFP Doñate, del kirchnerista Frente para la Victoria (FPV, peronismo de centroizquierda).
Doñate puso como ejemplo la provincia patagónica Río Negro (sur), de donde es oriundo, donde "el índice de tierra rural extranjerizada es relativamente bajo, del 2%, pero en zonas como (la ciudad turística de) Bariloche o el cordón cordillerano, esa cifra sube al 21%. Es grave", advirtió.
El legislador denunció que "muchos empresarios incluso han llegado a cerrar lagos y cuencas naturales, frente a pueblos originarios o ciudadanos que no tienen los recursos para enfrentarlos".
El Centro de Estudios Patagonia, una organización no gubernamental que trabaja sobre la extranjerización de la tierra, afirmó que la iniciativa de Macri "es de nulidad insanable".
El decreto "es impugnable por inconstitucional (un decreto no puede modificar una ley) y es también nulo, de nulidad insanable y absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente", advirtió la ONG en un documento.
La senadora Magdalena Odarda, de la socialdemócrata Coalición Cívica, que integra la alianza de gobierno Cambiemos, reclamó que "el presidente desista de este decreto".
"No podemos volver atrás en lo que se ha legislado de protección a las tierras", advirtió Odarda.
La empresa del italiano Luciano Benetton, con unas 900.000 de hectáreas en la Patagonia, encabeza la lista de magnates extranjeros dueños de tierras en Argentina.
Otros son el empresario británico Joe Lewis que ostenta unas 12.000 hectáreas en Río Negro, y en cuyo campo se alojó el presidente Macri en marzo pasado; el estadounidense Douglas Tompkins (cerca de 1.500 hectáreas en la cuenca acuífera de los Esteros del Iberá (nordeste), en manos de sus herederos), y su compatriota Ted Turner (5.000 hectáreas en las patagónicas Neuquén y Tierra del Fuego).
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