Pedro Sánchez tiene bien medida la estrategia con la que pretende alcanzar la presidencia. Tras unas primeras reuniones de toma de contacto con sus posibles socios de investidura, esta semana se presenta crucial para el líder socialista: comienza la ronda de negociaciones en las que los partidos políticos habrán de poner, negro sobre blanco, lo que les acerca y separa para un hipotético gobierno "del cambio".
El documento de mínimos presentado este lunes por Sánchez es la base sobre la que se pilotarán esas negociaciones. Un programa netamente reformista, con el que el PSOE hace gestos a izquierda y derecha para conciliar a distintos partidos en la suma de un Ejecutivo alternativo a la derecha de Rajoy.
El programa suaviza, no obstante, algunas de las cuestiones que se presuponen más áridas para buscar los acuerdos. Entre ellas, la solución al desafío soberanista en Cataluña. En 53 páginas de programa de mínimos apenas se hace una mención a la crisis territorial. Es, en concreto, en la página 3, cuando se enumeran los retos que habrá de asumir el nuevo Gobierno que pretende armar Sánchez: "resolver los problemas que las Comunidades autónomas, y especialmente Cataluña, puedan sentir en cuanto a su participación en el proyecto común y en el reconocimiento efectivo de las singularidades que las caracterizan". Esto apenas se concreta una páginas más adelante en una tibia alusión a la reforma del Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal". No se hacen más concreciones.
Ese modelo federal defendido por Sánchez es similar al que propone Ciudadanos, aunque con diferencias. Los de Rivera quieren fijar un techo limitado de competencias autonómicas que evite "tensiones perjudiciales para la vida del Estado" y rechazan las "singularidades" autonómicas, que sí contemplan los socialistas. Proponen, además, la desaparición de los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
Ésta es sin duda ambién, la cuestión más sensible para el diálogo con Podemos. La defensa del derecho a decidir es una línea roja marcada por el Comité Federal del PSOE que, en su resolución del pasado 28 de diciembre, dejó clara la prohibición de abrir diálogo con partidos que defiendan el secesionismo y las consultas.
En los últimos días, Iglesias ha insistido en que el referéndum es la "mejor solución" para resolver la cuestión catalana. "Y de momento, la única", apostilló la pasada semana, en rueda de prensa tras reunirse con el secretario general del PSOE. Desde Podemos, no obstante, se han mostrado partidarios a explorar las propuestas que puedan hacerles llegar los socialistas. "De momento, no ha habido otra", lamentó Iglesias.Reforma del artículo 135
Otro de los puntos que sin duda centrarán el diálogo entre formaciones es el referido a la supresión del artículo 135 de la Constitución. Combatido por Podemos, los socialistas son reticentes a su eliminación y proponen en su lugar una reforma, más en línea con lo pretendido por Ciudadanos.
"España debe respetar los compromisos con la UE en materia de estabilidad presupuestaria, establecidos en el PEC, que obligan a reducir a medio plazo el déficit público hasta situarlo por debajo del 3% y la deuda pública por debajo del 60% del PIB", se advierte en el documento. En lugar de la supresión del artículo, el PSOE propone negociar con Bruselas unos nuevos objetivos anuales de déficit y deuda pública, que considere "la dificultad en un entorno deflacionario", la situación de emergencia social y la "necesidad de recuperar los niveles de gasto social por habitante para converger con estándares europeos".
"El objetivo debe ser acordar con Bruselas una senda gradual, realista y equilibrada de consolidación fiscal a cuatro años que sitúa el déficit en el entorno del 1% en 2019". Con ello, el hipotético Gobierno de Sánchez se comprometería a ofrecer un paquete de reformas estructurales "que aumentará el crecimiento potencial de la economía española y el impulso a un nuevo sistema fiscal que sitúe entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y el final de las amnistías fiscales".
Derogación de la reforma laboral
La derogación de la reforma laboral fue uno de los puntos más conflictivos ya en el diseño del propio programa electoral del PSOE. Finalmente, y no sin desacuerdos internos, el documento final recogió expresamente poner fin a la reforma del PP.
En los últimos días, no obstante, Sánchez ha admitido las dificultades para una derogación total, y, en su lugar, ha propuesto hacerlo por partes. Así se recoge también en el documento presentado este lunes, en el que en su lugar se habla de "medidas urgentes" de derogación: las relativas a la regulación de la negociación colectiva, y las orientadas a combatir la precariedad del empleo.
Las medidas económicas y para el fomento del empleo es uno de los apartados en los que los tres partidos exponen con más sus diferencias. La propuesta de contrato único, una de las medidas estrella de Ciudadanos, provocó en campaña los mayores desacuerdos con PSOE y Podemos. La propuesta de los socialistas recoge, de hecho, la "supresión del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores", que, consideran, "no ha servido para favorecer la contratación indefinida" y, más al contrario, ha provocado una mayor precarización laboral. El PSOE contempla tres modalidades de contratación: indefinida, que limita a "la cobertura de puestos de trabajo estables", temporal, y de relevo y para la formación.
Para evitar abusos, los puestos de trabajo permanentes no se podrán cubrir con contratos temporales, y estos, no podrán tener una duración superior a un año. No obstante, abre la puerta a extenderlo hasta dos en función de lo que determine la negociación colectiva. Los distintos sectores podrán fijar, además, sus correspondientes "tasas máximas de temporalidad, incluidas las administraciones públicas". Las empresas que abusen de contratos temporales estarán sometidas a un aumento de las cotizaciones sociales.Plan de choque social
Sánchez sí deja claro su intento de atraerse a Podemos incorporando como prioridad un intenso programa de choque social, en el que incluye un ingreso mínimo vital y medidas contra los desahucios, la subida del salario mínimo interprofesional, universalizar el sistema de salud pública o una ley contra la pobreza energética.
Asimismo, pone el foco en las medidas de regeneración democrática, condición a la que Ciudadanos ha venido ligando sus pactos de investidura tras el 24-M. Así, los socialistas proponen aprobar una ley de partidos que ligue la financiación pública a su democracia interna, la reforma del sistema electoral mejorando su proporcionalidad, evitar las puertas giratorias ampliando el periodo de incompatibilidades, o endurecer los delitos contra la corrupción.
En cuanto a la propuesta de reforma constitucional, Sánchez teje ocho grandes bloques de acuerdo: reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos, reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales, con la garantía de su dotación presupuestaria, supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, revisión de las bases del sistema electoral, modificación de la composición y funciones del Senado, revisión de los aforamientos, incorporación del "hecho" Unión Europea al ordenamiento constitucional, y revisión del Titulo VIII y desarrollo del concepto de Estado federal.
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