En plena escalada de tensión entre el Govern de Puigdemont ("habrá referéndum") y el Gobierno central (dos ministros ya han hablado de "golpe de Estado") crece la preocupación entre el funcionariado que trabaja en Cataluña. Muchos no tienen claro qué pasará con su puesto de trabajo si finalmente se celebra la consulta independentista o qué consecuencias sufrirán en el desempeño normal de su actividad.
En Cataluña trabajan 301.328 empleados públicos, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondientes a julio de 2016. De ellos, 166.088 están adscritos a la Administración Autonómica, 25.812 a la Administración Pública Estatal, 83.168 a la local y 26.260 a las universidades. En el borrador de la Ley de Transitoriedad, publicado por El País, se recoge que todos los funcionarios y personal laboral de todas las administraciones que ahora trabajan en Cataluña lo seguirán haciendo en las mismas condiciones. En el caso de los trabajadores públicos que son considerados autoridad pública, como jueces o policías, solo podrán seguir desarrollando su actividad si solicitan la nacionalidad catalana.
Esta situación ha incrementado los temores entre los funcionarios catalanes, que están dirigiéndose a sus representantes sindicales para conocer qué pasará con ellos. Fuentes de CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, afirman a Lainformacion.com que el "goteo" de consultas es constante. Hay llamadas a las sedes de la central o preguntas a los delegados sindicales en los puestos de trabajo encaminadas a determinar su futuro inmediato si se celebra el referéndum anunciado y, en consecuencia, si se declara la independencia.
Las consultas van dirigidas a varios aspectos: por un lado, quieren saber si su puesto de trabajo corre peligro en caso de secesión. También hay preguntas relacionadas con el catalán como lengua oficial del tipo "¿perderé mi plaza si no hablo catalán?" o "¿tendré que aprender catalán en tiempo récord para conservar mi puesto?" Otros quieren saber a cargo de qué administración quedarán, si la catalana o la general. Son, en definitiva, una serie de preocupaciones que están transmitiendo a este sindicato.El Gobierno tranquiliza a los trabajadores públicos
El Gobierno, tanto a través de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como del delegado en la comunidad, ha querido tranquilizar a los funcionarios catalanes transmitiéndoles que defenderán sus derechos en cualquier supuesto. Tanto la número dos de Rajoy como Enric Millo han mantenido dos reuniones con CSIF para trasladarles que estarán con ellos en todo momento.
En ambos encuentros, el Ejecutivo ha recordado que los funcionarios que si continúan cumpliendo su deber a la Constitución no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo. "El Estado velará por la protección de todos los empleados públicos que incumplan una orden inconstitucional", es el mensaje que ha salido del Gobierno. La central también les ha garantizado protección si se celebra el referéndum
Hay que destacar que CSIF está distribuyendo un protocolo de actuación con las medidas que deberían tomar aquellos funcionarios que no quieran enfrentarse a una posible sanción aparejada a la pérdida de su condición de trabajador público. Lo primero que deben hacer es, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, solicitar a su superior que se le haga llegar por escrito y a la mayor celeridad posible.
El funcionario, además, en caso de estimar que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones un ilícito penal, podría acudir a una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía e interponer la correspondiente denuncia. El Gobierno asegura que tiene listos todos los resortes del Estado para actuar en caso de órdenes inconstitucionales.
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