Siete líderes indígenas, incluidos dos senadores del oficialismo y la exministra de Justicia, Julia Ramos, fueron detenidos preventivamente, mientras que otros cinco permanecen en detención domiciliaria para responder por este caso.
"No se va a encubrir, proteger o favorecer absolutamente a nadie", aseguró días atrás el vicepresidente, Alvaro García, en línea con lo señalado en agosto por el mandatario Evo Morales cuando estalló el escándalo.
La oposición ha manifestado su extrañeza porque hasta ahora no fue convocada a declarar ante la justicia la exminista Achacollo, de cuyo despacho dependía el Fondo de Desarrollo Indígena y cuyo directorio presidía. Achacollo se vio forzada a renunciar por el escándalo.
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, confirmó que Achacollo será llamada a prestar declaraciones de acuerdo a un cronograma ya establecido y aseguró que "nadie será excluido" de presentarse ante la justicia.
Por su lado, la exministra dijo que presentará sus descargos. "No me voy a escapar", sentenció.
La liquidadora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, detectó un presunto daño económico de 35 millones de dólares por una treintena de proyectos no ejecutados y por más de 700 proyectos inconclusos que recibieron fondos que, en algunos casos, habrían ido a parar a cuentas personales. Desde entonces, una comisión especial de fiscales investiga el caso.
El Fondo se constituía con parte de los recursos que genera la exportación de gas, los que eran destinados a proyectos de desarrollo campesino, fiscalizados por los sindicatos indígenas afines al gobierno, como la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllyus y Marcas del Qullasuyu.
El tema pone en aprietos al oficialismo en momentos en que se convocó a un referéndum para posibilitar una reforma constitucional que permita en 2019 la cuarta postulación de Evo Morales a la presidencia.
El caso tiene inevitables connotaciones políticas. La oposición cuestiona la tolerancia del gobierno a la corrupción y la falta de mecanismos de control. El oficialismo se defiende señalando que nunca se combatió tanto la corrupción como en la gestión de Morales.
"Hay una intencionalidad política. No se está buscando la lucha contra la corrupción sino que quieren hacer un daño político, pero el gobierno ha mostrado ejemplarmente cómo se lucha contra la corrupción: ex alcaldes, ex gobernadores, ex ministros, un ex presidente del senado, están encarcelados", argumentó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
"No hay, ni va a haber tolerancia a la corrupción", añadió.
La oposición critica el uso político del caso, ya que inicialmente se instruyó la detención de dirigentes campesinos disidentes de los sindicatos oficialistas.
Pero desde el gobierno se insiste en que se trata de responsabilidades personales y no colectivas. "Las fallas en el Fondo Indígena no involucran en lo absoluto al movimiento indígena", señaló el vicepresidente García al salir en defensa de ese colectivo.
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