Gobierno colombiano garantiza seguridad a habitantes de zona esmeraldera

  • El Gobierno colombiano dio hoy garantías de seguridad a los habitantes de la zona productora de esmeraldas del país, temerosos de que los hechos de violencia de las últimas semanas revivan la "guerra verde" entre familias mineras.

Bogotá, 22 nov.- El Gobierno colombiano dio hoy garantías de seguridad a los habitantes de la zona productora de esmeraldas del país, temerosos de que los hechos de violencia de las últimas semanas revivan la "guerra verde" entre familias mineras.

El asunto fue tratado en una reunión celebrada hoy en la localidad de Chiquinquirá, en el oeste del departamento de Boyacá, donde se produce la mayor parte de las esmeraldas colombianas, en la cual el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, analizó la situación con autoridades regionales y locales.

"No venimos aquí a defender los intereses de las ocho o diez familias involucradas en estos conflictos, venimos aquí a defender a la gente de Boyacá y la institucionalidad. Vamos a garantizarle la tranquilidad y la seguridad a toda la gente de esta zona que lo único que quiere es seguir adelante", afirmó el ministro.

Iragorri consideró "inaceptable" la zozobra de los habitantes de Boyacá, por lo cual pidió a ayuda a la Fiscalía para "esclarecer los hechos violentos que se han presentado en los últimos días y que la llegada oportuna de la justicia sirva para generar paz y tranquilidad en la región".

Entre los hechos a los que hizo referencia el ministro está el atentado perpetrado el pasado 9 de noviembre contra el comerciante de esmeraldas Pedro Nel Rincón, conocido como "Pedro Orejas", quien supuestamente está ahora al frente de ese negocio en el centro del país.

En el atentado, perpetrado con una granada en la localidad de Pauna, murieron cuatro personas y diez quedaron heridas, entre ellos Rincón.

El esmeraldero fue detenido el pasado miércoles por orden de la Fiscalía al considerarle responsable de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y munición de uso restringido, por el hallazgo de armamento en sus minas y supuestos vínculos con paramilitares.

Iragorri agregó que la autoridad del Estado debe estar en la zona "porque el subsuelo le pertenece a todos los colombianos y no a unos particulares que realizan su explotación".

En el encuentro con el ministro participaron el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, y los alcaldes de los municipios de Chiquinquirá, Maripí, Pauna y Otanche.

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