Según informa la agencia ucraniana de noticias UNIAN, tras estudiar la declaración patrimonial de la mitad de los representantes de la cámara --la Verkhovna Rada-- la Fiscalía ha derivado a la NAPC 53 documentos de los que se sospecha que chocan con la ley de prevención de la corrupción.
La jefa de la NAPC, Valentyna Senyk, ha informado de que 28 declaraciones tenían información incompleta, once violaban las normas de compatibilidad de trabajos y otros dos violaban las reglas para recibir regalos.
Además, la funcionaria ha señalado que los 53 casos deberían recibir sanciones administrativas por la diferencia entre los bienes declarados y los bienes disponibles. Los parlamentarios que violen las normas y desempeñen funciones de Gobierno deberían ser apartados hasta por un año, ha apuntado.
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