La iniciativa parte de la diputada opositora Delsa Solórzano, para quien la designación de Muñoz es "ilegal" porque obedece a la salida de la primera dama, Cilia Flores, de la Procuraduría General, en primer lugar, y de su sucesor, después, sin que haya mediado proceso de selección alguno.
El también diputado opositor Óscar Ronderos ha explicado que el procurador general debe ser nombrado por el presidente con respaldo de la Asamblea Nacional, algo que no ha ocurrido en el caso de Muñoz, según argumenta la disidencia venezolana.
"En Venezuela la usurpación de funciones es un delito (...) de tal manera que se amerita de inmediato la apertura de una investigación penal, tanto por quienes están ocupando el cargo ilegalmente como por quienes lo permiten, porque son cómplices", ha dicho Solórzano.
Además, la legisladora de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha señalado que la "ilegalidad" de la designación de Muñoz "vicia de nulidad absoluta cualquier actuación que haya realizado en el pasado, las que siga realizando y las que realice en el futuro".
Por su parte, Francisco Torrealba, diputado del 'chavista' Bloque de la Patria, ha acusado a la coalición opositora de "intentar confundir al país" con la denuncia penal contra Muñoz, según informa el diario local 'El Universal'.
La MUD y el Gobierno mantienen una pugna institucional desde las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, que dieron a la oposición, por primera vez en 14 años, el control de la Asamblea Nacional, obligando a una cohabitación inédita en Venezuela.
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