El Gobierno aprobará este viernes en Sevilla la Ley de Economía Sostenible y junto a ella, una de sus propuestas más polémicas, el bloqueo de webs de descargas que se considere que infringe los derechos de autor.Un documento que está a la espera de conocer si finalmente queda modificado tras los informes de diversas instituciones.
El pasado 8 de enero, el Consejo de Ministro aprobó el anteproyecto conocido como "Ley Sinde", un paso que precedía a la revisión del texto por parte del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
El CGPJ avalaba el modelo del Gobierno aunque encontraba un "pero", alertaba sobre el aumento de trabajo que supondría para los juzgados la aprobación de la Ley. "Puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o establecer ciertas medidas de refuerzo".
Sin embargo, esta afirmación fue rebatida el pasado martes por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien en un desayuno informativo minimizó el riesgo de saturación los juzgados ante la propuesta. A su entender, la sobrecarga de los juzgados puede "venir por otras causas" y en el caso de producirse sería "cuestión de aumentar los juzgados de lo contencioso administrativo que ya soportan una carga de trabajo importante".
Por su parte, tres días después de que lo hiciese la Audiencia Nacional, el Consejo Fiscal consideró "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual debiese "ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos -algunos de ellos derechos fundamentales- por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
En el informe la Fiscalía criticaba que se hubiera situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.
La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión.
El texto ha puesto en pie de guerra a la Red que lo ha calificado como "ley de la patada en el router" y que ha llevado incluso a los internautas a concentrarse en varias ciudades españolaspara protestar por las medidas antipiratería.
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