Asunción, 10 mar.- Representantes de la Iglesia católica de de Paraguay pidieron hoy a la Corte Suprema de Justicia que decrete prisión domiciliaria para los cinco presos en huelga de hambre que están procesados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
La petición fue comunicada al presidente de la Corte, Raúl Torres, por el obispo de la diócesis de Ñeembucú, Mario Medina, y por familiares de las víctimas de la matanza, en la que murieron once campesinos y siete policías, informó a Efe una fuente de Articulación Curuguaty, que apoya a los procesados por el caso.
Medina, que acudió a la reunión junto al sacerdote Francisco de Paula Oliva, un histórico defensor de los derechos humanos en Paraguay, también solicitó a Torres que la Corte resuelva cuanto antes la titularidad de las tierras de Marina Cué, la finca donde se produjo la matanza.
Los campesinos ocuparon esas tierras para que fueran incluidas en el programa de reforma agraria al considerar que pertenecen al Estado, que disputa su propiedad con la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del presidente paraguayo, Horacio Cartes.
"Se le planteó (a Torres) una acción jurídica para definir la titularidad de las tierras antes del juicio contra los procesados", dijo a Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty.
Arnella agregó que Torres se comprometió a estudiar la posibilidad de que se dicte prisión domiciliaría para los presos, que hoy cumplen 25 días de huelga de hambre en la cárcel de Tacumbú, en Asunción, y de acelerar el trámite para que se decida a quién corresponde la titularidad de esas tierras.
El litigio se encuentra atascado en la Corte Suprema debido a la acción de inconstitucionalidad presentada hace un año por la familia Riquelme, propietaria de la empresa agroganadera Campos Morombí.
Entre otras reivindicaciones, los presos en huelga de hambre exigen no ir al juicio oral hasta que no se aclare la titularidad de la finca.
Otros seis procesados por la masacre están en arresto domiciliario a la espera de ese juicio, al que acudirán bajo la acusación de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
El domingo, tras ser visitados en la cárcel por un grupo de obispos, los cinco huelguistas enviaron un mensaje a la ciudadanía denunciando que están procesados sin pruebas y exigiendo que las tierras de Marina Cué pasen a manos de los campesinos.
La masacre de Curuguaty, nunca esclarecida, provocó una de las mayores crisis políticas de Paraguay y desembocó en un controvertido juicio parlamentario a Lugo y su rápida destitución tras ser considerado "culpable" de mal desempeño de sus funciones.
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