La estructura estatal supedita la reforma fiscal, según asesores tributarios

Madrid, 14 dic.- La estructura del Estado con tres administraciones -central, autonómica y local- condiciona el sistema tributario y obliga a negociaciones o compensaciones antes de modificar cualquier aspecto relacionado con los impuestos, según destaca el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

En un documento sobre la próxima reforma fiscal, el REAF incide especialmente en la influencia en ella de las comunidades autónomas, que presentan diferencias de tributación "radicales" en impuestos como patrimonio o sucesiones y donaciones e implican una gran complejidad por la capacidad tributaria cedida a estos entes.

El informe destaca que esta estructura hace que el sistema pierda flexibilidad al estar "demasiados" tributos afectados total o parcialmente por la financiación autonómica o local.

Asimismo, señala que la financiación autonómica es poco transparente por la multitud de fondos que se utilizan (garantía, suficiencia, cooperación y competitividad) y por su "complejísima" distribución.

En cualquier caso, admite que el sistema de financiación de las comunidades autónomas ha evolucionado a una mayor corresponsabilidad fiscal y autonomía por la parte de los ingresos.

El REAF incide en que el Fondo de Garantía se nutre con el 75 % de los recursos tributarios de las comunidades, lo que implica que al final se financien solo con el 20 % de sus ingresos fiscales, siendo el resto por transferencias.

Por todo ello, los asesores piden que la reforma fiscal elimine reasignaciones de recursos a través de fondos que no respondan a criterios de equidad ni de solidaridad interterritorial.

También abogan por aumentar la parte de recursos tributarios de las comunidades que retienen para su financiación y dotar al Fondo de Garantía con recursos adicionales por el Estado.

El documento defiende que además de que se avance en la corresponsabilidad fiscal de las administraciones, también es necesario que el principio de lealtad institucional deje de ser algo "meramente retórico" para concretarse jurídicamente.

A este respecto, pide que se cuantifique cualquier decisión sobre ingresos públicos de una administración y observar su impacto en el resto para valorar la correspondiente compensación.