"Somos partidarios de que las cadenas privadas fomenten la industria audiovisual genérica y que sea TVE la que apoye al cine español en específico", dijo ayer Esteban González Pons, secretario de Comunicación del PP, a las televisiones comerciales. Traducción: si ganan las elecciones, las privadas dejarán de estar obligadas a invertir el 3% de sus ingresos en películas españolas.
Es una vieja reivindicación de las cadenas que encontrará al fin atendida en el previsible Gobierno de Mariano Rajoy. El problema es que un volumen importante de la financiación del cine español proviene de las televisiones privadas, que están detrás (en todo en parte) de algunos de los principales títulos de los últimos años:Ágora, Celda 211, Tres metros sobre el cielo o Torrente 4, sólo por mencionar los más taquilleros.
Si el PP incorpora esa medida de forma aislada, sin contemplar ninguna otra reforma que abra vías de financiación alternativas, sería "un descalabro", como dice Pancho Casal, socio de Continental y vicepresidente de FAPAE (la patronal de los productores); y tendría "un efecto devastador", advierte Álvaro Longoria, socio de Morena Films, la empresa detrás de Celda 211 (participada por Telecinco) o También la lluvia (por TVE).
Por ello, los productores piden al PP que si llega al poder emprenda una reforma global del sistema de financiación en la cual la eliminación de la obligatoriedad para las privadas fuera sólo "una de las fichas del ajedrez", dice Longoria. Es más, todos los productores consultados coinciden en la conveniencia de reformar la situación actual y adaptarla a los nuevos tiempos. "El sistema actual no es bueno", reconoce claramente el productor y presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho en declaraciones a Efe.
"Estamos en campaña", subraya Pedro Pérez, presidente de FAPAE. "El único referente que tiene que contar es el programa que han publicado y ahí no se dice nada sobre este tema". Además, Pérez recuerda que la ley que impuso esa obligación fue promulgada por un Gobierno del PP y que la vigente Ley del Cine, elaborada por el PSOE, contó con el apoyo de los populares.
Para Pérez, el principal problema de la situación actual es que "se ha acumulado demasiado poder en las mismas manos" por lo que ve con buenos ojos el anuncio realizado ayer por Pons. Además, confirma que ha mantenido conversaciones con el PP sobre su política cinematográfica y que, asegura, han sido tranquilizadoras.
El presidente de FAPAE asegura además que la reforma puede ser positiva si implica que TVE deje de comprar derechos audiovisuales de cine extranjero–especialmente estadounidense- y se vuelca en el cine español y europeo.
En esa misma línea se manifiesta Pancho Casal, que asegura que el ente público gasta entre 60 y 80 millones de euros anuales en comprar derechos de producciones americanas, que deberían reorientarse hacia el cine español. Esta modificación es especialmente importante, advierte Casal, porque en caso contrario el fondo que maneja actualmente TVE irá a parar a las grandes producciones estrangulando al cine español independiente.
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