Madrid, 5 abr.- Las medidas de rehabilitación y eficiencia energética de las edificaciones españolas, aprobadas hoy por el Gobierno, son un espaldarazo para el sector de la construcción y un beneficio para toda la sociedad, declaró a EFEverde la secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid, Pilar Pereda.
La aplicación de la normativa, precisó, favorecerá la generación de empleo y redundará en mejores condiciones de vivienda y un mayor ahorro para la población.
"Este conjunto de medidas impulsará la generación de empleo en el sector inmobiliario y en las empresas, industrias y servicios que acompañan a la construcción y empezará a ofrecer, a compradores y arrendatarios, el valor energético de su vivienda, como un gran beneficio social", dijo.
La certificación energética que prevé la norma, explicó, se asemeja a la que ya reciben los principales electrodomésticos de uso cotidiano, que añaden valor al aparato, por lo que su precio se encarece "un poco".
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy por Real Decreto el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, que traspone la legislación comunitaria a la normativa española y completa el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, también presentado hoy.
Aunque con un retraso de siete años, precisó Perea, la directriz es "un buen paso" que se podrá acompañar en el futuro con obligaciones en vez de recomendaciones.
La norma establece que a partir del 1 de junio de 2013 será obligatorio ofrecer un certificado de eficiencia energética del inmueble a compradores y arrendadores, por más de cuatro meses, de edificios, pisos o apartamentos.
Este certificado, además de la calificación energética, en una escala de A ("ahorro") a G ("gasto"), deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas y "recomendaciones" para mejorarlas, en el caso de los inmuebles existentes.
El Informe de Evaluación en el que se incluye la certificación energética solo se exigirá a viviendas con más de cincuenta años que no hayan pasado la Inspección Técnica, obligatoria cada 15 años.
El objetivo, recalca la reseña de la ley del Consejo de Ministros, es "favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía".
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, pondrá en marcha próximamente un programa específico de ayudas y financiación para facilitar la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia y la utilización de las renovables.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó hoy que se concederán ayudas directas y préstamos blandos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, incluido el cambio de caldera y la sustitución de fuentes convencionales por biomasa o geotérmia.
Para la promoción de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente (exteriores) e instalaciones térmicas existentes y la incorporación de renovables se destinarán cien millones de euros.
Una buena gestión energética puede significar un 70 por ciento de ahorro en la factura de una vivienda promedio, aseguró Pereda, para quien queda pendiente acortar la fecha de evaluación de las viviendas hasta al menos 30 años, coincidiendo con la primera ley española que regulaba las condiciones térmicas de los edificios, emitida en 1979.
Los datos oficiales revelan que el parque de viviendas supone el 17 % de toda la energía que se consume en el país, cerca del 60 % de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y el 38 % de los españoles declara no estar satisfecho con el aislamiento (frío/calor) de su hogar.
Está previsto que la nueva certificación la emitan arquitectos, aparejadores, ingenieros y peritos.
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