Madrid, 8 jun.- La reforma de la Ley General Audiovisual, que abre a la privatización las televisiones autonómicas, pone en riesgo 20.000 empleos y supone un cambio en el modelo comunicativo público, según UGT.
Las modificaciones en la Ley General de Comunicación Audiovisual que han sido votadas en el Congreso con el apoyo del PP y la abstención de CiU (y el voto en contra del resto de los grupos) permiten la flexibilización en los modos de gestión de las radio-televisiones autonómicas, lo que incluye su posible privatización total o parcial.
Para UGT, la crisis está siendo utilizada como excusa para un cambio ideológico en el modelo de comunicación público que pone en riesgo el derecho a la información, lo que merma la propia democracia, según explica en un comunicado hecho público hoy.
La nueva legislación puede tener un impacto sobre el empleo que pone en riesgo 20.000 puestos de trabajo, pero no se ha tenido en cuenta a los interlocutores sociales en su elaboración, señala el sindicato.
"Con la modificación de la ley audiovisual, el Gobierno da vía libre a la privatización de las televisiones públicas, no sólo de su gestión, sino también, en la práctica, de su titularidad", señala el sindicato.
"El ejecutivo suprime la exigencia de producción propia de los informativos, pretende tanto externalizar servicios como buscar una salida para suprimir los servicios audiovisuales de carácter autonómico, vía privatización, o si no hubiera empresas dispuestas a asumir la gestión de la misma, hacerlos incluso desaparecer", añade.
UGT destaca que esta medida puede ser irreversible y denuncia que tanto las autonómicas como RTVE ya están sufriendo la constante externalización y la compra de productos a empresas privadas audiovisuales.
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