Madrid.- Unos 100.000 empleos se han creado en el sector de los servicios sociales desde 2008, debido al efecto de la Ley de Dependencia y a pesar de la crisis, y las previsiones es que se generen un millón de puestos de trabajo en los próximos seis o siete años.
Estos son algunos de los datos recogidos en el informe "La atención a la dependencia y el empleo", de la Fundación Alternativas, que analiza el potencial de creación de empleo y otros efectos económicos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
En su presentación, los autores, Ángel Rodríguez Castedo, ex director del IMSERSO y responsable del Plan Gerontológico Nacional, y el sociólogo Antonio Jiménez Laras, han rechazado que las medidas de reducción del déficit anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vayan a repercutir de forma negativa en el desarrollo de la ley.
Así, Jiménez Laras ha señalado que la eliminación de la retroactividad en las prestaciones podría "incentivar un poco más la opción de las personas con dependencia de sus familias por los servicios", siempre que vaya acompañado de una acción decidida de las administraciones públicas por potenciar éstos.
El hecho, además, de que se obligue a resolver las solicitudes de prestación en seis meses, exigirá a las administraciones públicas "espabilarse".
Jiménez ha considerado que "cercenar o congelar" el desarrollo de la Ley sería equivocado, por lo que ha abogado por potenciarlo y dedicarle recursos, ya que todo el dinero que se invierta servirá no solo para atender las necesidades de personas que lo necesitan sino también para generar empleo.
Así, ha asegurado que el 60 o 70 por ciento de los recursos que se invierten en el sector de los servicios sociales va destinado a crear puestos de trabajo, y "en un país siempre es más razonable pagar para crear empleo que subvencionar desempleo".
Rodríguez, por su parte, ha subrayado que la Ley no solo es sostenible económicamente, sino que es "una inversión de las más productivas que puede tener nuestro país y debe ser utilizada como medida estructural y como uno de los caminos de salida de la crisis, por su potencial de creación de empleo".
Ha recordado que España "convive con un nivel exagerado e injusto de desempleo", que ni en los mejores momentos ha bajado de los dos millones, y ha subrayado que "los abuelos no se deslocalizan como la Renault o como la empresa que se va a la República Checa porque el coste social es más barato".
El autor del informe ha lamentado que en España se tienda a pensar que "todo lo que va a gasto social es un gasto sin fondo y, en cambio, lo que va para recuperar una empresa de altos hornos en Vizcaya merece la pena porque salva la economía".
Cambiar esta mentalidad requiere "hacer una labor de pedagogía".
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